Barcelona tendrá el primer fiscal de España contra el acoso inmobiliario

Se llama Fernando Rodríguez Rey, tiene 42 años y hace 16 que es fiscal. A partir de ahora será el fiscal especializado en los casos de mobbing inmobiliario en la ciudad de Barcelona, el primero de estas características que habrá en España.

El alcalde Jordi Hereu y la fiscal superior de Cataluña, Teresa Compte, firmaron ayer un convenio de colaboración en el que ambas instituciones se proponen trabajar coordinadas contra esta práctica social de especuladores sin escrúpulos.

"Se quiere proteger a los más desprotegidos, como ancianos, inmigrantes o familias con rentas bajas", dijo ayer Compte tras el acto protocolorario de la firma. "Es un paso trascendental y es muy bueno saber que tenemos a la fiscalía con nosotros en esta batalla", precisó Hereu.

En aplicación del convenio, el Ayuntamiento recogerá todas las denuncias que se presenten en las ocho oficinas de vivienda que hay en los distritos de la ciudad. Una comisión de seguimento marcará los criterios que se han de aplicar, de manera que lo que llegue a la fiscalía tenga un mínimo de base. Después será el fiscal el que decidirá si abre diligencias y acaba presentando denuncia.

Rodríguez Rey, el nuevo fiscal, ha sido delegado en Barcelona de la Fiscalía Anticorrupción y fiscal de delitos económicos. Fue el fiscal del caso Turismo y del caso Estevill, junto con Carlos Ramos. Y todavía sigue siendo el fiscal del caso Pallerols, entre otros asuntos, con lo que su solvencia profesional está más que acreditada.

Ayuntamiento y fiscalía ya habían trabajado juntos en algún caso de mobbing inmobiliario, como el que implica a Luis Miguel Pahissa, presidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña, a quien el fiscal reclama dos años de cárcel por acosar a dos ancianas de una comunidad que administra. Rodríguez Rey explicó ayer que ahora tiene entre manos diversos casos, pero destacó que la colaboración institucional quedará ahora más definida con el convenio.

El Ayuntamiento considera que el apoyo de la fiscalía puede tener un efecto disuasorio en quienes acosan a inquilinos sin recursos, como la ciudadama cubana Blasina Tapia Pérez, una vecina de la calle de la Magdalena. Hereu dijo ayer que las oficinas municipales han recibido 532 consultas desde 2004 sobre mobbing inmobiliario. La tercera parte afecta a ciudadanos de Ciutat Vella, el distrito en el que los acosadores encuentran un campo de acción más extenso por el deterioro de muchos edificios y las condiciones sociales de sus ocupantes.

Es imposible saber cuántas de esas consultas acabaron en juicio o en condena porque no existe ningún seguimiento ni lo permite el sistema informático judicial. Hereu cree que con el convenio de ayer y con "las antenas y los ojos" que tiene el Ayuntamiento con los servicios sociales, las oficinas de vivienda y las asociaciones de vecinos, se puede combatir el mobbing inmobiliario. Los juristas encuadran esa denominación en los delitos de coacciones y contra la integridad moral, y las penas de prisión pueden alcanzar los tres años.