"Todo da asco, pero ¿qué hacemos?"
Inquilinos de un edificio de Málaga viven en condiciones insalubres
Cruzar el umbral del número 3 de la calle Mariscal de Málaga es entrar en un mundo aparte. El estado de abandono del bloque es estridente desde fuera en contraste con los nuevos edificios que han mejorado notablemente el aspecto de esta zona de antiguos arrabales, junto al río. La fachada está llena de desconchones, muchos balcones tienen los cristales rotos y los postigos desencajados. Si no fuera por la ropa tendida cuesta creer que hay vida dentro.
Y una vez dentro, resulta imposible creerlo. Y describirlo. Hay un hedor insoportable. Por eso en casa de Naima está prohibido abrir las ventanas, tiene miedo a que su hija de seis años pueda coger una infección. Las dos ventanas, la de la pequeña cocinita y la del dormitorio dan a sendos patios interiores, y en los dos hay basura y objetos amontonados. "Todo da asco, pero ¿qué vas a hacer?, no hay sitios donde ir por 300 euros", lamenta Naima. "tengo miedo a que un día salgamos ardiendo, como alguien tire una colilla o algo".
Inquilinos con contrato conviven con ocupas sin atención del dueño
Si raramente hay que abrir la ventana, Naima se coloca una mascarilla. Al mirar para arriba se ven ropas viejas y trapos colgados de las tuberías y de los balcones. Algunos tienen excrementos, lo que provoca el mal olor y la proliferación de insectos, arrojados, según Naima, por gente que se ha metido a vivir en los pisos desocupados. Al cerrar la ventana señala al techo de la cocina, sus grietas, y exclama: "Cualquier día se nos viene abajo, por eso siempre le digo a mi hija que no esté aquí".
Naima es una de las seis familias que paga alquiler en este bloque que el Ayuntamiento de Málaga va a poner en venta forzosa por el incumplimiento de su propietario de los fines sociales a los que está debido, unas mínimas condiciones de habitabilidad, salubridad y seguridad.
Todos se quejan de que Jesús Jiménez Astorga hace oídos sordos a sus quejas y necesidades. Enrique, que vive en la tercera planta, se queja de que él mismo se ofreció a pintar la habitación abandonada contigua a su casa que se quemó hace un año, pero quería que el dueño le comprara la pintura. El propietario dividió algunas viviendas en su día para ponerlas en alquiler. Enrique, su esposa y su hijo de seis años viven amenazados por una enorme mancha de humedad en el techo de una habitación que antes o después se vendrá abajo. El ventanuco del baño también está siempre cerrado, da a un patio por el que andan a sus anchas las ratas y unas cucarachas "enormes".
Enrique paga 342 euros, cuatro menos que Carmen, que vive dos plantas más arriba con su marido, una hija de 25 años y un hijo de cinco. Sólo tienen dos habitaciones, y un único ropero, pero sin puertas. Hay días que el agua no llega a su planta y ahora está indignada porque la gestoría le reclama una deuda de 1.097 euros por agua y 125 del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) cuando en el contrato de alquiler queda especificado que ambos están incluidos en la renta.
Carmen acusa al propietario: "Quiere que nos aburramos, que nos hartemos y que nos vayamos", y dice que hace unos meses ofreció a los vecinos alojarlos en otro inmuble para reparar el de calle Mariscal. "Pero si aquí hay conejos (ratas) allí hay cocodrilos, y no hay ni agua ni luz".
Jesús Jiménez Astorga también tiene sus quejas y dice ser víctima de "una farsa y un auténtico atraco". Argumenta que en noviembre de 2006 pidió licencia al Ayuntamiento para acometer la rehabilitación, y que este aún no se la ha dado y que no puede hacer nada porque el edificio "se ha llenado de ocupas" y el juzgado no atiende sus denuncias. Los pisos vacíos del número 3 están habitados indebidamente, en su mayoría por gitanos, que tienen agua y luz gratis, pero según el defensor del ciudadano de la provincia, Francisco Gutiérrez, ha sido el dueño quien ha propiciado la llegada de ocupas, incluso dice que quitó las puertas de la calle.
"Es algo que está en el manual del acoso inmobiliario", afirma. Jiménez Astorga, que apostilla a cada afirmación que la puede demostrtar, dice que con la actual situación pierde casi 20.000 euros mensuales, cálculo sustentado en la hipótesis de alquilar 40 pisos a 450 euros.
En venta por incumplir
"No me creeré nada hasta que no me lleven a una casa en condiciones". Carmen, una de las inquilinas legales del número 3 de calle Mariscal, no tiene mucha fe en la medida pionera que el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado contra el acoso inmobiliario.
El consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), tiene previsto adoptar hoy una de las medidas más drásticas que prevé la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) contra quienes no cumplen la función social de la propiedad inmobiliaria: la expropiación. Pero el consistorio no se quedará con el inmueble, sino que lo pone en venta forzosa, que es procedimiento de subasta pública. Con un precio de salida de 2,4 millones de euros, quien quiera pujar tiene que comprometerse con los inquilinos con contrato a realojarlos en el edificio una vez rehabilitado y buscarle hospedaje mientras duran las obras.
El nuevo propietario podrá construir nuevas viviendas, pero teniendo en cuenta que el edificio tiene protección y deberá conservar la fachada y otros elementos.
Según el Ayuntamiento, el propietario ha incumplido numerosos requerimientos hecho desde hace 11 años para que hiciera obras de reforma, e incluso ha obstaculizado las inspecciones. Ayer mismo hubo una nueva inspección sanitaria.
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