Urbanizaciones sin reserva de suelo protegido

Las urbanizaciones denominadas de baja intensidad, por lo general las de mayor lujo, podrán saltarse la reserva mínima del 20% para viviendas de protección que la Xunta va a establecer para todos los desarrollos urbanos. Los sectores en suelo urbano no consolidado cuya edificabilidad total sea igual o inferior a 0,20 metros cuadrados edificables por cada metro cuadrado de suelo, podrán "reducir o suprimir" aquel porcentaje, "siempre que el planeamiento general compense esta reducción en el resto de los sectores".

El cambio figura en una enmienda conjunta de PSOE y BNG al proyecto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda, aprobada ayer en comisión parlamentaria. La nueva normativa, conocida por elevar al 40% las reservas de suelo para viviendas protegidas en las localidades gallegas de más de 20.000 habitantes, establece un mínimo del 20% para cada uno de los sectores de suelo no consolidado que se desarrollen, con la excepción ayer establecida. Para el PP, los grupos que sustentan al Gobierno premian así "las urbanizaciones de más lujo, como los chalés adosados o los vinculados a campos de golf".

Por lo demás, el proyecto conjunto de la consellerías de Vivenda y de Política Territorial pasó el trámite de la comisión sin mayores modificaciones, después de que socialistas y nacionalistas rechazaran las 30 enmiendas presentadas por el Grupo Popular, que ya había defendido en el Pleno la devolución de la ley. Al margen de la excepción de urbanizaciones de baja intensidad, el grueso de las enmiendas conjuntas de los grupos de PSOE y BNG es de tipo técnico.

Socialistas y nacionalistas atribuyeron al PP el intento de evitar que la ley prohíba a los alcaldes canjear por dinero las cesiones de suelo obligatorias, la denominada monetarización del patrimonio municipal del suelo, una práctica admitida por la actual ley del suelo con la que la nueva normativa pretende acabar. "El PP quiere que vuelva la monetarización", acusó la diputada del BNG Carmela Silva. El socialista Pablo López Vidal fue más lejos, al acusar a los populares de querer "eliminar las reservas de suelo para vivienda protegida". Pilar Rojo, del PP, denunció el "intervencionismo ante los ayuntamientos" que practica la Xunta y la "enorme soberbia" de los grupos que sustentan al Gobierno en el trámite parlamentario del proyecto de ley.