Canarias, año y medio de rebelión

La última protesta ha sido aún peor para los alumnos porque coincidió con la víspera del día de Canarias. El pasado jueves, numerosos escolares asistieron a clase vestidos con el traje tradicional, pero las actividades se habían suspendido. Otra vez. Los casi 27.000 profesores de la enseñanza pública canaria no universitaria llevan enfrentados desde enero de 2007 con el Gobierno de las islas -sustentado por un pacto entre nacionalistas y PP- a cuenta de la denominada "homologación", la reclamación de un aumento de entre 380 y 410 euros al mes en sus nóminas. Actualmente ganan unos 1.600 euros mensuales de media, por lo que para ellos supone una cuantía relevante. Porque el incremento que consideran que el Ejecutivo les debe supone un 25% de su sueldo.

El incremento que reclaman al Ejecutivo representa el 25% de su salario actual

Ante la desesperación por la situación estancada del conflicto, que ya dura 17 meses, y en vista de la inutilidad de huelgas y concentraciones, algunos equipos directivos han llegado a dimitir en bloque. En otros centros -ya van 10-, los docentes han optado por los encierros.

Y aún no se ve el final del túnel. La Consejería de Educación asegura que la reclamación de los docentes es inviable, sobre todo contando con la actual coyuntura económica. Y los sindicatos han convocado esta semana paros en todos los colegios, que afectarán a la actividad de los 350.000 alumnos. Es el penúltimo cartucho antes de verano, aunque ya hay voces que presionan para no iniciar las clases en septiembre.

Para entender este conflicto, hay que arrancar la historia en 1991. Entonces, el Gobierno de Canarias aprobó una "homologación" salarial de los profesores con los otros funcionarios de la misma categoría laboral. Se subió el impuesto a los combustibles para poder invertir entonces 3.000 millones de pesetas (unos 180 millones de euros) en cuatro años. La operación finalizó en 1995 con un aumento salarial de 60.000 pesetas (360 euros) por maestro. Desde entonces, la nómina de los funcionarios ha seguido creciendo, pero no la de los docentes, hasta la actual diferencia de 400 euros de media.

"El Gobierno está cerrado en banda y demuestra con su actitud que quiere seguir deteriorando la escuela pública a favor de la concertada", asegura Manuel Marrero, del comité de huelga por el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC). Marrero recuerda que las excursiones, viajes de fin de curso, intercambios culturales con otros centros, las nociones afectivo sexuales y las horas para preparar y corregir los exámenes "no están contempladas en las 37,5 horas semanales de jornada laboral" y plantea: "Aún así, las hacemos gustosamente, pero ¿qué ocurriría si trabajáramos de verdad sólo las horas que dice el reglamento?, estaríamos ante el derrumbe catastrófico del sistema educativo".

La tensión alcanzó uno de sus puntos álgidos el pasado noviembre, cuando la consejera de Educación, Milagros Luis Brito (de Coalición Canaria), publicó una tribuna en la prensa regional en la que se dirigía a los padres. Les explicaba que su propuesta era subir el sueldo a los profesores a cambio de exigir mejoras en la docencia, y aseguraba que los sueldos de los docentes están en la media o por encima del resto de España. Los sindicatos lo interpretaron como un intento de poner a los padres en su contra.

Pero poco después, en enero, esa propuesta (80 millones vinculados a una serie de mejoras del rendimiento) dividió a los sindicatos. CC OO, ANPE, Insucan, CSIF, SEPCA y CEPS (estos tres últimos sin delegados en el sector) se alinearon con el Gobierno y quedó un comité de huelga de cuatro sindicatos (STEC, FETE-UGT, UCPL, EA-Canarias). El Gobierno aceptó convocar un referéndum entre los docentes y éstos rechazaron masivamente la propuesta. "Ni siquiera pedimos que se nos abone todo lo que se nos debe desde 1995, sino que nos actualicen las nóminas", matiza Marrero.

"Esta reivindicación sólo se hace en el archipiélago", responde la consejera. "En la Península, lo que se reclama es la homologación con la media de las nóminas de los docentes de las otras comunidades, no con los funcionarios que tienen un estatus jurídico distinto. Las demandas son presupuestariamente inviables; hemos ofertado 80 millones consolidables cada año hasta los 232 y lo han rechazado; ahora este conflicto ya no resulta negociable en términos de todo o nada", asegura.

El Gobierno plantea medidas como atención diferenciada por la tarde a alumnos con problemas de lectura, escritura y matemáticas, mejora en el aprendizaje de una segunda lengua y fortalecimiento de la dirección e inspección. "Quien participe en ellas, cobrará más", zanjó la consejera.

La consejera asegura que comparte las palabras de la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, sobre la normalización de las nóminas de los docentes en todo el Estado. Y sólo ve tres salidas: "O se aprueba en el Congreso el Estatuto de la Función Pública Docente

[que quedó sobre la mesa en la pasada legislatura] o el Parlamento de Canarias aprueba otra ley que habilite presupuesto específico para ello como en 1991 cargando de más impuestos los combustibles o decidirán los tribunales".