Reflexiones sobre la Ley de Educación
Los preliminares de la futura Ley de Educación de Cataluña, con el documento de bases presentado el pasado mes de noviembre y el anteproyecto de la ley divulgado a inicios de mayo, han cosechado negativas de la mayoría de los sectores de la comunidad educativa que no auguran un camino de amplios consensos sociales ni políticos en su tramitación parlamentaria y posterior aprobación. Es cierto que no hay que descartar nada en cuanto a la posibilidad de que finalmente la Ley de Educación obtenga un apoyo generalizado, pero lo que es indiscutible a fecha de hoy es que el esfuerzo para recomponer apoyos por parte del consejero tendrá que ser gigantesco.
Fíjense que hablo de recomponer y no obtener, ya que no debemos olvidar que la futura ley tiene sus orígenes en el Pacto Nacional por la Educación suscrito unánimemente -con la única excepción del sindicato USTEC- a inicios de abril de 2006 por actores educativos, sociales y políticos del país. Viendo como ese consenso se ha resquebrajado hasta producir grietas y fisuras que han alcanzado la estabilidad del acuerdo citado, obliga a preguntarse cómo ha sido posible tal deterioro. Seguro que hay diversos factores a los que imputar esta situación, entre ellos los que se deben imputar a algunos actores como los sindicatos y la patronal de las escuelas concertadas, que buscan situarse con fuerza para sacar mejor tajada en la obtención de sus demandas. Lamentablemente, nadie puede dudar que las cosas no se han hecho lo suficientemente bien en el Departamento de Educación. Por un lado se olvidaron o minusvaloraron aspectos procedimentales que nunca se deberían haber olvidado.
Las cosas no se han hecho suficientemente bien en el Departamento de Educación
Aun hoy nadie se explica cuáles fueron los motivos que llevaron a no convocar la mesa de seguimiento del Pacto Nacional de Educación hasta el mes de febrero de este año. Esa mesa era un espacio imprescindible para seguir dando cuerda al consenso adquirido en 2006 y un escenario único para contrastar propuestas y buscar un consentimiento amplio para el documento de bases y el mismo anteproyecto. La historia fue bien distinta. El olvido al que la mesa de seguimiento del pacto fue sometido creó un malestar y una desconfianza en la mayoría de sus integrantes, que supieron del documento de bases de la futura ley por la prensa. Por otro lado, estos últimos meses, de hecho en lo que llevamos de legislatura, tampoco se ha podido evitar en el departamento que se extendiese en muchos de los actores de la comunidad educativa una falta de credibilidad hacia los compromisos y/o promesas que los interlocutores del departamento asumían. Esta situación, en resumen, ha afectado negativamente a la construcción de un clima positivo y de confianza indispensable para saldar con éxito las conversaciones de la futura ley. Y todo ello sin olvidar que sin causas razonadas se ha quedado sin desarrollar el Pacto Nacional en cuestiones como el contrato-programa. Ese descuido, por decirlo suavemente, ha dejado en el aire la concreción de servicio público educativo, algo que los enemigos de esa idea han sabido aprovechar para restarle credibilidad y reforzar sus posiciones contrarias a la concreción de un auténtico servicio público educativo.
Alguien podría pensar que en verdad no estamos tan mal, ya que si en febrero eran los sindicatos los que se oponian al documento de bases para la Ley de Educación y ahora, tres meses más tarde, son las patronales y las escuelas concertadas las que lo hacen, y partiendo que unos y otros se supone que mantienen posiciones opuestas en algunas cuestiones centrales de la ley, el anteproyecto debe ser equidistante. Incluso hay quien piensa que tanto la huelga del profesorado como las decenas de miles de firmas de las familias de alumnos de las escuelas concertadas son simplemente estrategias para situarse con fuerza en la mesa de diálogo de la futura ley. Esas visiones, en mi opinión, pecan de optimismo e ignoran un malestar existente, cuando no una decepción y sobre todo incertidumbre.
En todo este proceso han existido demasiados encuentros informales y poco proceso formal de debate, demasiados encuentros bilaterales donde sin quererlo se alimentaban por un lado la idea que las demandas propias serían atendidas y por otro las sospechas de que en otras reuniones bilaterales se acordaría justo lo contrario. Se han alimentado demasiados fantasmas en cuestiones donde ciertamente los actores se jugaban mucho.
Hace falta mucha madurez por parte de los sindicatos para aceptar un buen proyecto de evaluación para los docentes, mucha responsabilidad social por parte de las escuelas concertadas para avanzar hacia el servicio público educativo, mucha confianza en su labor por parte de los docentes para avanzar en un modelo de dirección de centro que permita superar disfunciones actuales del modelo vigente. Se requería un diálogo de todas las fuerzas políticas para diseñar un nuevo papel del territorio con los ayuntamientos como nueva administración educativa para garantizar el cumplimiento del principio de proximidad. Es del todo imprescindible un compromiso del Gobierno con la idea de que los recursos económicos necesarios para todo ese cambio llegarán y que las prioridades en las grandes inversiones se harán dialogadamente.
Todo ello es necesario para que la ley impulse el cambio que la educación requiere en Cataluña y que se haga en un marco de confianza y consenso. Pero hasta el momento hemos ido hacia otra dirección. ¿sabremos cambiar? Aún estamos a tiempo.
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