Extranjeros a la medida en la UE

La política inmigratoria europea nunca ha existido, también en esto se confió en el mercado como el mejor regulador posible. El resultado ha sido una entente cordiale a cuatro bandas: las administraciones nacionales, para mejorar la competitividad de sus economías; los empresarios, porque necesitan reserva de mano de obra barata; los trabajadores autóctonos, porque podemos abandonar determinados nichos laborales sin preocuparnos por mejorarlos, y los trabajadores inmigrantes, porque encuentran empleo aunque sea en condiciones pésimas. Todos hemos consentido irregularidades en la inmigración, algunas de ellas aberrantes.

Los inmigrantes llegan a Europa, atraídos sobre todo por las oportunidades de empleo que les ofrece la economía sumergida, que genera, según la Comisión, entre el 12% y el 23% del PIB, y porque la migración forzada supone para millones de personas la única manera de participar en los beneficios de la globalización.

Sarkozy implicando a España pretende, cuando Europa necesita millones de ellos, establecer unos parámetros comunes para medir, tasar y escoger a los inmigrantes uno a uno, por cada Estado miembro y donde más convenga. Nadie en la UE asume el compromiso de reducir los niveles de pobreza en el mundo, creando oportunidades que equilibren la distribución de la riqueza, este objetivo se ve como algo utópico, que en realidad parece de todo punto irrealizable. Pero la lucha contra la pobreza, la democratización de las sociedades, la creación de trabajo decente allí donde viven las personas, no son producto de mentes ingenuas. Son objetivos necesarios hacia los que hay que tender, para que la emigración voluntaria, como opción personal, se convierta en un nuevo derecho humano comenzado el siglo XXI.