Las medidas ambientales de la M-501 cuestan cuatro veces más de lo previsto

Las medidas medioambientales que el Gobierno de Esperanza Aguirre introdujo en las obras de duplicación de la carretera de los pantanos, M-501, se han convertido en un escollo presupuestario.

La Intervención General, el órgano fiscalizador de la Comunidad, considera que la Consejería de Transportes ha infringido la Ley de Contratos y la ley presupuestaria. Destaca un sobrecoste del 400% en el único tramo en obras (18 kilómetros entre Quijorna y Navas del Rey), precisamente para introducir esas medidas ecológicas.

En cualquier caso, el Consejo de Gobierno puede resolver -y echar abajo el informe- en el caso de que Transportes discrepe del interventor.

La Administración presentó un certificado de crédito que anuló al mes

La oposición socialista considera que se trata de un "fraude de ley"

Aguirre ha alardeado en los últimos años de que las medidas medioambientales introducidas en las obras preservaban el entorno de una carretera que discurre por una Zona de Especial Protección para las Aves y es también Lugar de Importancia Comunitaria. Eso lo convierte en espacio de alto valor ecológico, con hábitats y especies protegidas por las leyes comunitarias. Y, sin embargo, no se tuvo en cuenta en el proyecto de desdoblamiento, que no contó con declaración de impacto ambiental.

Gregorio Madrid Esteban, el interventor general, firmó el pasado 20 de mayo un informe "desfavorable" sobre el expediente que modifica al alza el contrato de las obras en dicho tramo por importe de 7,2 millones de euros para establecer esas medidas que adecuan la obra al medio ambiente. Considera que es el "cuádruplo de lo estimado inicialmente", 1,4 millones, y asegura que "no se justifican en el expediente las causas que han determinado la desviación". La Ley de Contratos (artículo 226) establece que las modificaciones no pueden superar el 20%.

El interventor señala, además, que la Ley de Contratos impone, para aumentar el coste, que se justifique "el interés público" y que éste sea debido "a causas imprevistas" porque es excepcional. Por eso, afirma que algunos aspectos medioambientales se tenían que haber previsto con anterioridad y, por tanto, no eran "necesarios". Entre ellos cita el cambio de material utilizado para el firme o el tratamiento de los suelos con cal. "Sin embargo, su coste económico es de 2,99 millones (casi el 50% del importe del modificado)", agrega.

Por último, el informe del interventor considera que Transportes ha "incumplido el procedimiento" de la Ley de Contratos (artículo 146.4) y ha "infringido la legislación presupuestaria". Esto ocurre porque para tramitar el expediente, entre otros requisitos, era necesario un certificado de existencia de crédito. La Administración regional lo redactó el 28 de septiembre de 2007, pero fue cancelado menos de un mes después, el 17 de octubre de 2007, sin que, según el interventor, se justifique en el expediente.

"A mi juicio, se trata de un fraude de ley en documento contable, con el fin de certificar que existe crédito y a renglón seguido suprimirlo, sólo por utilizar la vía excepcional", afirmó el diputado socialista Modesto Nolla, que exigió al consejero Manuel Lamela que hoy asuma responsabilidades en su comparecencia en el pleno de la Asamblea.