De la política lingüística

Quisiera agradecer la elogiosa carta que Greg Hunt (Política lingüística de Estado, EL PAÍS, 21 de mayo de 2008) dedica a mi artículo del mismo título publicado el 16 de mayo, en la que sin embargo expresa sus dudas acerca del uso del catalán-valenciano, el gallego y el euskera en el Parlamento español, "lo cual requeriría gran despliegue de servicios de traducción".

Por lo que respecta al uso oral de estos idiomas, el "gran" despliegue consiste en tres cabinas de interpretación con dos intérpretes en cada una, ocupados en exactamente tres combinaciones lingüísticas -bastan-tes menos cabinas e intérpretes que en el caso del Parlamento Europeo, donde tienen que lidiar nada menos que con 506 combinaciones lingüísticas.

Un despliegue modesto, pues, y que además ya funciona con normalidad en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, donde ningún senador se ha quejado hasta la fecha de que la mediación de un intérprete dañe la comunicación ni la comprensión, del mismo modo que nuestros eurodiputados se entienden perfectamente entre ellos sin necesidad de una lengua europea común.

Por cierto, la semana próxima el Senado se dispone a aprobar una moción del grupo parlamentario Entesa Catalana de Progrés que llama a la pronta reforma del reglamento para extender al conjunto de la Cámara el uso de las lenguas oficiales españolas diferentes del castellano.

Para terminar, quisiera tranquilizar al señor Greg Hunt diciéndole que promover el uso de estas lenguas en el Parlamento español no responde al intento de fomentar mi trabajo como profesor de una Facultad de Traducción e Interpretación, sino más bien al propósito de ver realizada en España una cierta idea de la justicia lingüística.