Un suspenso al sistema sociosanitario

Guipúzcoa cuenta, según el informe, con el modelo sociosanitario más equilibrado, pues dispone tanto de servicios residenciales como de atención diurna y ocupacional e iniciativas relacionadas con la inserción laboral. Este equilibrio se observa también en términos de colectivos atendidos, en la medida que, al margen de la mayor o menor suficiencia de recursos, se presta atención tanto a las personas mayores, como a las personas con enfermedad mental o con sida.

Vizcaya ya ha desarrollado en los últimos años diversas iniciativas en el campo de la asistencia sociosanitaria a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a las personas en situación de exclusión social. También ha puesto en marcha proyectos en el ámbito de la atención a las personas en estado vegetativo persistente y a los menores de edad con trastornos de conducta.

En cuanto a Álava, dispone hasta la fecha del modelo menos desarrollado. Por lo menos, si se tiene en cuenta el catálogo de los servicios en sentido estricto. Dispone, sin embargo de una gran cantidad de plazas psicogeriátricas, gestionadas de forma independiente desde la red de servicios sociales y desde la red sanitaria.

En los tres territorios resulta patente la existencia de un catálogo de servicios poco estructurado, "difuso y confuso". Además, la diversidad es la norma, con dispositivos que se encuentran muy desarrollados en algunas provincias e inexistentes en otras.

Sobre la actitud de las instituciones, los expertos aseguran que la presencia de Eudel, la asociación que agrupa a los 251 municipiso vascos, en el espacio sociosanitario resulta "prácticamente inexistente". Eudel se diluye en este entorno. Salvo excepciones, los ayuntamientos "no contemplan" este tipo de servicios entre sus prioridades. También atribuyen el escaso desarrollo de este espacio a "resistencias" del Departamento de Sanidad.

El Ararteko considera "esencial" reforzar el compromiso profesional desde las instituciones públicas y asumir un compromiso político, en todos los niveles (autonómico, foral y municipal) que "dé cobertura a un espacio de actuación que, por hallarse en la confluencia de dos sistemas

corre el riesgo de quedar insuficientemente atendido".

El informe cita el impacto que tendrá la futura Ley de Servicios Sociales y su esperanza de que sirva para mejorar la coordinación entre las dos redes. "Puede y debe ser el instrumento mediante el cual las instituciones alcancen un acuerdo que permita fortalecer el sistema vasco de servicios sociales y, consiguientemente, mejore la coordinación sociosanitaria". Esa ley debería ayudar a construir un único modelo integrado y para establecer un liderazgo "claro" en el ámbito de los servicios sociales que permita "relacionarse con el sistema sanitario en condiciones de igualdad".

Respecto a los mecanismos de financiación, las conclusiones del grupo de expertos, que comparte el Ararteko, son tres. En primer lugar, la necesidad de cofinanciar determinados recursos ha sido, para muchos de los consultados, el verdadero motivo del desarrollo del espacio sociosanitario. El modelo de financiación adoptado no ha resultado, sin embargo, una garantía de continuidad. Por otro lado, aunque no existe unanimidad, la mayor parte de los expertos consideran que el copago (la participación económica de los usuarios de acuerdo a su renta en la financiación de la asistencia sociosanitaria) permite una actuación "socialmente justa y financieramente sostenible".

En tercer lugar, la insuficiencia de recursos económicos propios por parte de las personas potencialmente usuarias no se plantea como un obstáculo la percepción de servicios sociosanitarios y, según los especialistas, "no cabe pensar en discriminaciones o insuficiencias en la atención por esta causa". Sí se constata, en cambio, que la saturación o inexistencia de determinados recursos públicos perjudica especialmente a quienes no pueden costearse el acceso a un centro o profesional privado.

El anteproyecto de ley de Servicios Sociales, que debe impulsar la coordinación entre las redes social y sanitaria, sí recoge la fórmula del copago. Por ejemplo, en lo que se refiere a la plaza en la residencia de ancianos, que puede llegar a ser con el piso del usuario.

El informe del Ararteko constata que hay cuatro recursos que requieren un desarrollo prioritario. Por una parte, los recursos residenciales para personas con enfermedad mental. En segundo lugar, programas de intervención sociosanitaria a domicilio. Después, programas de carácter terapéutico y educativo para menores de edad con trastornos de conducta. Y, por último, reclama un mayor desarrollo de las unidades específicas para personas mayores con necesidades sociosanitarias, siguiendo el modelo ya iniciado en Vizcaya y Guipúzcoa.

Para algunos de los expertos que han ayudado a elaborar el informe del Defensor vasco, el gran déficit de la atención sociosanitaria radica en el colectivo de las personas que sufren algún tipo de enfermedad mental. Hasta ahora, los especialistas coinciden en que las personas sobre las que más se ha trabajado son los mayores dependientes, pero, sin desatender a este colectivo, abogan por intensificar la atención a los enfermos mentales y a todas aquellas personas que se encuentran en "tierra de nadie", es decir, en las fronteras competenciales entre lo social y lo sanitario.

En cuanto a los inmigrantes, el informe también resalta la necesidad de realizar un esfuerzo, sobre todo con la previsión de que en un futuro inmediato el porcentaje de extranjeros que se afinquen en la sociedad vasca va a ir en aumento.