La Xunta fijará a los alcaldes las normas para la gestión de residuos

La nueva ley abre la posibilidad de crear un nuevo tributo sobre los desechos

El peso de la gestión de los residuos recaerá en los ayuntamientos, pero éstos deberán respetar en sus respectivos planes las directrices que les marque el Gobierno gallego. Así lo establece el proyecto de Ley de Residuos que ayer aprobó el Consello de la Xunta, basado en la fórmula de la reducción, reutilización y reciclaje. La norma cuenta con un informe crítico del Consello Económico e Social (CES), que denuncia el mantenimiento de un esquema "basado en la incineración".

Emilio Pérez Touriño lo negó: "El Gobierno de la Xunta tiene otra valoración". La normativa contempla la posibilidad de crear un nuevo tributo para financiar las operaciones de gestión de residuos.

La censura del CES se debe entre otras causas al mantenimiento de la Sociedade Galega do Medio Ambiente, SA (Sogama), encargada de gestionar todos los residuos que se depositen en las estaciones de transferencia o tratamiento de Galicia. Además de aplicar los principios de reutilización, recuperación y reciclaje, la norma contempla el destino de los residuos como fuente de energía. "La ley constituye una apuesta muy potente e inequívoca a favor del reciclaje, la valoración y la reutilización, en línea con las directivas europeas más avanzadas", replicó al CES el presidente de la Xunta.

La nueva normativa crea el régimen jurídico aplicable a la producción de los residuos y regula la planificación autonómica y local. Establece además el régimen de autorización administrativa para las actividades de producción, posesión y gestión de residuos y regula los suelos contaminados. Su régimen sancionador contempla multas que pueden alcanzar 1,2 millones de euros e inhabilitaciones de hasta diez años para el ejercicio de cualquier actividad prevista en la ley.

De acuerdo con el texto aprobado por el Gobierno gallego, le corresponde a éste la elaboración y aprobación de los planes de residuos, en los que se recogerán desde su ámbito territorial y temporal, hasta el plan de infraestructuras necesarias para alcanzar sus objetivos. La ley abre la posibilidad de que las entidades locales elaboren sus propios planes de gestión de residuos urbanos, que deberán respetar las directrices contenidas en el de la Xunta.

Una de las novedades del documento es la posibilidad de declarar un suelo contaminado, en el que, entre otras medidas, no se permitirá ejecutar desarrollos urbanísticos. La ley regula las obligaciones de los responsables de la puesta en el mercado de productos que con su uso se convierten en residuos. Estas empresas deberán realizar un autoanálisis ambiental con periodicidad anual, encaminada a optimizar instalaciones y técnicas de producción. También se establece la creación de una auditoría ambiental, que implica la colaboración con las empresas para identificar sus puntos críticos.

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Servicios públicos

El Consello también aprobó ayer el decreto que regula las cartas de servicios de la Xunta y el observatorio de calidad y de la administración electrónica, que desarrolla la Ley de Transparencia. A dichas cartas podrán acceder todos los ciudadanos, para identificar el organismo responsable de prestar cada servicio y conocer los compromisos de calidad a los que se debe ajustar.

Otro de los acuerdos de la reunión del Gobierno fue la aprobación del decreto por el que se uniformará toda la señalización turística de Galicia, lo que permitirá crear una imagen corporativa del sector. La Xunta también aprobó la declaración de titularidad pública para la construcción del tramo Celeiro-San Cibrao de la vía da Costa Norte y para mejorar la carretera Vigo-A Ramallosa, que suman una inversión de 307 millones.

Anxo Quintana y Emilio Pérez Touriño conversan, ayer, al inicio de la reunión del Consello.
Anxo Quintana y Emilio Pérez Touriño conversan, ayer, al inicio de la reunión del Consello.ANXO IGLESIAS

Más dinero del Estado

Pocas horas después de compartir mesa y mantel en La Moncloa con Zapatero y el resto de presidentes autonómicos socialistas, Touriño llegó a una conclusión: conciliar los intereses de cada una de ellas obligará al Estado a poner "más recursos encima de la mesa". La reunión, de tres horas, permitió a Touriño exponer la postura de Galicia, en la que envejecimiento y dispersión de la población desempeñan un papel fundamental, al encarecer la prestación de los servicios. "Nadie pudo argumentar en contra", aseguró el presidente gallego.

Touriño ilustró su exposición con algunos ejemplos. Galicia, con poco más del 6% de la población española, asume el 14% de la atención sanitaria, entre otras razones porque el gasto de una persona mayor de 65 años es 3,46 veces superior a la media. Y el transporte escolar absorbe el 5,3% -120 millones de euros- del gasto educativo total, mientras que el promedio estatal se reduce al 1,7%.

Preguntado por las reivindicaciones del presidente catalán, José Montilla, el titular de la Xunta declaró que "cada uno defiende sus criterios; son conocidos los de él y también los de Galicia". En todo caso, rechazó que esas diferencias supongan una "confrontación". "Todas las comunidades autónomas tenemos insuficiencia financiera", resumió Touriño, quien consideró que las negociaciones con el Gobierno también se dan en el plano "bilateral".

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