España alerta a Italia sobre los efectos negativos de su política de inmigración

Sólo 24 horas después de que el Gobierno de Silvio Berlusconi aprobase un durísimo paquete de medidas contra la inmigración ilegal, su ministro de Política Comunitaria, Andrea Ronchi, acudió a Madrid para explicárselo al Gobierno español, el que con menos disimulo ha mostrado su desagrado por una reforma que convierte a los indocumentados en delincuentes.

Le recibió su homólogo, el secretario de Estado Diego López Garrido, quien hizo un ejercicio de diplomacia para minimizar las evidentes diferencias con su huésped. Sin que nadie le preguntara, Garrido reiteró en una docena de ocasiones su "respeto" por las decisiones del Gobierno italiano y la "legitimidad" de éste para tomarlas, mientras Ronchi asentía sonriente.

Roma garantiza que no aplicará el Código Penal al millón de indocumentados

Al final, sin embargo, reconoció que también le había expresado, "con toda franqueza", la "doble preocupación" española porque la deriva que ha tomado Italia "no es la mejor vía para avanzar hacia una política común europea" sobre inmigración y "puede afectar negativamente a países del entorno".

¿De qué forma? "Al estar en el mismo espacio", respondió Garrido, recordando que entre España e Italia no hay fronteras, ya que ambas forman parte del acuerdo de Schengen, "convertir la inmigración ilegal en delito puede derivar flujos migratorios de forma desproporcionada hacia otros países". Ronchi ofreció garantías de que, al menos, esta medida no se aplicará con carácter retroactivo; es decir, no se tratará como delincuentes al millón de inmigrantes ilegales que se estima viven ya en Italia.

El ministro italiano justificó las medidas represivas apelando a la "grave emergencia de seguridad que sufre Italia y que Europa debe entender", aunque admitió que en realidad responden a una vieja aspiración del partido en el que milita, la posfascista Alianza Nacional, y no sólo en sentido cronológico.

Ronchi condenó los ataques contra campamentos de gitanos rumanos en Italia, que se mostró partidario de reprimir con dureza, pero lo atribuyó a una "reacción social" ante el intento de secuestro de un bebé de seis meses por parte de una gitana.

Aunque calificó el racismo de "estupidez del alma", mezcló continuamente inmigración y delincuencia y evidenció que las nuevas medidas no responden sólo a un problema de inseguridad ciudadana, sino a un planteamiento ideológico cuando dijo que Italia "ha cambiado de registro político y cultural".

"Quien no respete nuestra cultura, nuestra religión, nuestra identidad y nuestras reglas de convivencia no puede estar en Italia", señaló. A su juicio, "una Italia más tranquila y serena, que cuente con una homogeneidad cultural como base de su acción política, será más fuerte, más creíble y más convincente".

El ministro italiano reconoció que la política de Berlusconi puede afectar a otros países, pero subrayó que su prioridad es que los italianos dejen de sentir miedo. "Que no entre nadie en tu casa, que se respete a tus hijos y no roben tus propiedades".

Como Garrido, Ronchi se esforzó por subrayar los puntos de acuerdo, como la directiva europea de retorno o el pacto de inmigración, aunque no dejó de recordar que había escuchado "con cierto desagrado [algunos] comentarios de miembros del Gobierno español", en alusión a las declaraciones de la vicepresidenta Fernández de la Vega.

Garrido concentró sus críticas en el hecho de que una medida como la penalización de la inmigración ilegal no hubiera sido consultada con otros países.

Cuando se le recordó que España tampoco consultó la regularización de 800.000 inmigrantes en 2005, que fue duramente criticada por algunos Gobiernos europeos, contestó que entonces no existía una política común de inmigración y que los inmigrantes que se regularizaron tenían contrato de trabajo y, por tanto, se quedaron en España y no se marcharon a otros países. "Las situaciones no son comparables", concluyó.

Pese a las patentes discrepancias, fuentes del Ministerio español de Asuntos Exteriores aseguraron que la entrevista, de algo más de una hora, se desarrolló en un clima cordial y que los malentendidos entre ambos Gobiernos estaban aclarados.