Los Veintisiete pactan una drástica política para expulsar indocumentados

Los Gobiernos de la Unión Europea se pusieron ayer de acuerdo en una armonización de las políticas de expulsión de los alrededor de ocho millones de residentes ilegales no comunitarios que consagra los términos más duros: hasta 18 meses de internamiento mientras se tramita la expulsión; control judicial de esa detención sin plazo máximo de intervención; tratamiento a menores conforme a su edad sólo si es posible y cinco años de prohibición de volver a territorio europeo para los expulsados.

El texto deberá ahora ser aprobado por el Parlamento Europeo, donde los socialistas anunciaron ayer que introducirán enmiendas para humanizarlo. No obstante, la directiva no obliga a los países que, como España, tienen una legislación menos extrema. Se trata de un marco de máximos que no se puede exceder.

La propuesta de directiva fue aprobada ayer por los embajadores de los Veintisiete tras dos semanas de discusiones para acomodar las peticiones de distintos países. El último obstáculo, para Alemania, Austria y Grecia, era la obligación de que los Estados se hicieran cargo de la asistencia letrada de los sometidos a un proceso de expulsión. Finalmente, se acordó que cada país les aplique su propia legislación para insolventes.

La directiva está pensada para los indocumentados de terceros países que hayan conseguido entrar en la UE o para quienes hayan agotado infructuosamente sus procesos de solicitud de asilo o refugio. A los retenidos a la puerta de Europa, como los llegados en patera a la Canarias, se les seguirá aplicando la legislación nacional.

Con la excusa de armonizar las políticas de expulsión y diciendo que se trata de acabar con situaciones como la retención indefinida que aplican nueve países comunitarios, los Veintisiete optaron por un cuadro de durísimas intervenciones, calificadas de represivas e inhumanas por organizaciones allegadas a los inmigrantes y hasta por voces socialistas, pese a la aprobación de Gobiernos afines como el español.

Éstas son las principales medidas aprobadas ayer:

- Periodo de retención. Hasta seis meses ampliables hasta 18 en caso de que no haya cooperación del país de acogida del retornable o se enmarañen los procedimientos burocráticos. La legislación española establece un límite de 40 días aunque la idea es ampliarlo a 60.

- Detenciones. Podrán ser ordenadas por un juez o una autoridad administrativa. En esta circunstancia, los Gobiernos se comprometen a someter el caso "a una rápida revisión judicial", sin que haya tope de días fijada para ella. En España sólo se admite la autoridad judicial.

- Menores. A los menores no acompañados se les deberá proporcionar "en la medida de lo posible" los medios y tratamiento correspondientes a su edad. En España, los menores son tutelados por las comunidades y atendidos en centros de régimen abierto.

- Repatriación voluntaria. La directiva estipula que los residentes ilegales puedan acogerse a un periodo de repatriación voluntaria que oscilará entre los siete y los 30 días. En España hay incentivos para la repatriación voluntaria a través de ONG

El texto pactado por los Gobiernos pasa ahora al Parlamento Europeo, donde se han prometido enmiendas humanizadoras, que de ser aprobadas abrirían un procedimiento de incierto final temporal.

Los socialistas, el segundo grupo de la Eurocámara, anunciaron ayer que buscarán suavizar el texto para eliminar la prórroga del tiempo de internamiento, fijar un periodo máximo de 72 horas para la revisión judicial, garantizar un tratamiento adecuado para los menores y ampliar el periodo en que el retorno se puede hacer de forma voluntaria. Los socialistas no tendrían mayoría si populares y liberales decidieran votar en contra.