El CJC pide orden en las empresas públicas

El Consell debería poner orden en la base jurídica sobre la que se asientan las empresas públicas valencianas. Así lo considera el Consejo Jurídico Consultivo (CJC), órgano independiente obligado a emitir dictámenes, aunque no son vinculantes, sobre la producción legislativa y las decisiones administrativas del Gobierno autonómico, excepto en la Ley de Presupuestos.

El presidente del CJC, Vicente Garrido, sometió ayer al pleno la aprobación de la memoria de actividad de 2007, trámite superado con el respaldo de los consejeros. En ella, se recoge la recomendación a la Generalitat para que "se plantee la posibilidad de regular la configuración de la tipología de los entes del sector público y la definición de un régimen jurídico mínimo para ellos".

La recomendación coincide con las críticas que el Consell recibe de la oposición, así como las observaciones que realizan distintos órganos de control, como el Síndic de Comptes, sobre la grave situación económica en la que están y las deficiencias de gestión de las mismas.

El CJC respondió en 2007 a 1.119 consultas. De entre ellas, Garrido resaltó las 14 correspondientes a anteproyectos de ley, 63 a normas reglamentarias, tres recursos de inconstitucionalidad (el estatuto andaluz, la ley del suelo y una norma sobre formación del Ministerio de Trabajo) y 47 asuntos relacionados con cuestiones urbanísticas.

Más allá del volumen de asuntos, Garrido destacó sobre la memoria del pasado año (que será presentada en poco tiempo a las Cortes) que han aumentado en más de 300 las consultas provinientes de Ayuntamientos. Según él, eso demuestra "la confianza que las Corporaciones locales van depositando en esta institución".