La Agencia de Datos investiga el uso de listas para viviendas en Rabassa

Primera investigación oficial sobre la tramitación del Plan Rabassa de Alicante. La Agencia de Protección de Datos comunicó ayer a las partes que ha abierto un procedimiento sancionador contra la empresa de Enrique Ortiz, promotora del macroproyecto urbanístico de 13.500 casas, por "gestión de la información de los particulares que acudieron a inscribirse en la lista para poder acceder a viviendas en el futuro Plan Rabassa", según informó ayer en una nota la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC).

El procedimiento sancionador contra Viviendas Sociales del Mediterráneo, empresa del Grupo Ortiz promotora del plan, se abre por infracción del artículo 26.1 de la Ley Orgánica 15/199 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y podría comportar una sanción de entre 601 euros a 60.101,21 euros. La ley indica que "toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de carácter personal lo notificará antes de la Agencia Española de Protección de Datos". Sin embargo, la empresa no cumplió este trámite. Los hechos se remontan a junio de 2005, cuando aún no se había aprobado provisionalmente el Plan Rabassa, y la mercantil abrió una oficina temporal en las inmediaciones del Ayuntamiento de Alicante, en la que ofrecía la inscripción para las viviendas del futuro plan urbanístico.

El empresario intentó minimizar la importancia de esta investigación de la Agencia de Protección de Datos mediante un comunicado en el que destaca que se trata de "una falta leve" por haber solicitado previamente la inscripción del fichero de datos de carácter personal. Los responsables de la constructora admiten que "es cierto que, por desconocimiento, no se comunicó previamente a la Agencia la creación de esos ficheros" en los que constan el nombre y apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico de las 7.089 personas que se los "aportaron al solicitar información sobre las viviendas". La empresa asegura que los datos se guardaron en un único CD que se depositó en una caja fuerte de las oficinas de Civica y "en ningún caso se ha vulnerado la confidencialidad". La empresa constructora mostró su satisfacción porque esta resolución manifiesta que "no se ha cometido el cúmulo de irregularidades" del que se la acusaba, "salvo esta falta leve por desconocer el procedimiento". La resolución es firme y no cabe recurso, según la PIC.