Los barones se plantan ante Montilla

Desde que el consejero de Economía catalán, Antoni Castells (PSC), lanzara hace un mes su propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica, el rechazo de varias comunidades también gobernadas por los socialistas se ha fortalecido en la misma medida que los esfuerzos del Gobierno para reconducir la situación. La idea catalana de limitar el fondo de solidaridad que gestiona el Estado para igualar los servicios públicos en todo el territorio es el origen de las disputas. Y la promesa del Gobierno de que todas las comunidades recibirán más recursos aunque se cambie el sistema cae en saco roto: varios barones socialistas insisten en que no aceptarán un acuerdo que limite la aplicación de este mecanismo de nivelación. Y no se fían del anunciado nuevo fondo de convergencia regional.

Hacienda ha sugerido que tocará el fondo de nivelación, pero no en qué medida

Los contactos entre el Ministerio de Economía y los barones del PSOE se han multiplicado en las últimas semanas. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, les ha invitado a una cena este miércoles para enterrar el hacha de guerra. Pero las posiciones de partida auguran una velada poco plácida.

El Ejecutivo, al menos, llega a la cita con un fuego ya apagado. El presidente de la Generalitat, José Montilla, se mostró muy crítico con las voces socialistas que pedían un retraso de la negociación por la crisis económica y recordó la obligación que fija el Estatut de lograr un acuerdo antes del 9 de agosto. La firmeza con la que Zapatero ha insistido en que cumplirá con los plazos previstos ha calmado estas aguas. Pero su esfuerzo por consensuar una posición sobre los límites de la redistribución no ha cosechado, ni de lejos, el mismo éxito.

"Los elementos de consenso son muy amplios", aseguró el martes el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, cuando se refirió a las reuniones informales que ha tenido con los gobiernos autonómicos. Las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández-Vara, en las entrevistas publicadas en estas páginas son buena muestra de que una parte esencial de la propuesta catalana está fuera de ese consenso en el propio PSOE.

"Nos han dicho que habrá nuevos fondos estatales para complementar los recursos de las comunidades que tengan menos ingresos tributarios, pero limitar la nivelación no entra en nuestros planes", indica Alberto Larraz, consejero de Hacienda de Aragón (PSOE). José Ramón Fernández, consejero de Economía de Galicia, se reunió con el vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, hace una semana y pidió garantías de que la propuesta catalana no va a aprobarse como está formulada, a cambio de no alentar un frente del noroeste.

Ocaña recordó hace unos días, en una entrevista en este diario, que el Gobierno fue quien "se esforzó por incluir la idea de la nivelación parcial" en varios Estatutos -es decir, sugirió que sí rebajará el fondo de suficiencia-, pero subrayó que "habrá que discutir los porcentajes acorde con el gasto de las autonomías". La vicepresidenta de Castilla-La Mancha, María Luisa Araujo, que se reunió con el secretario de Estado de Hacienda, también rechaza la idea de limitar la solidaridad.

Ni unos ni otros parecen dispuestos a dar su brazo a torcer. La Generalitat está satisfecha del eco que han tenido las advertencias lanzadas por Montilla el pasado día 10 sobre el peligro de retrasar la negociación. Entiende que hay un antes y un después del aviso del presidente catalán, y confía en los esfuerzos de Zapatero por suavizar el discurso de los líderes regionales del PSOE más beligerantes. Para la Generalitat, limitar las transferencias de cohesión es irrenunciable. Ahora el Estado cubre la diferencia entre las necesidades de gasto reconocidas a cada comunidad y los ingresos que reciben éstas vía impuestos (entre ellos, el 33% del IRPF y el 35% del IVA). Al cubrir esa diferencia con el fondo de suficiencia, se complementa en mayor medida los recursos de las comunidades que tienen menos capacidad de generar ingresos fiscales: las menos desarrolladas. La Generalitat catalana y varios expertos sostienen que la consecuencia es que se produce una sobrenivelación. Para demostrarlo se fijan en los recursos públicos por habitante que logra cada comunidad: por ejemplo, Extremadura recibe del sistema más dinero per cápita (2.500 euros) que Cataluña (1.900 euros). Eso no quiere decir que Extremadura tenga más renta per cápita, porque su sector privado tiene un peso mucho menor.

Para acabar con lo que Montilla considera "una situación clamorosamente injusta", la Generalitat, además de pedir más porcentaje en los ingresos tributarios (50% de IRPF, 50% de IVA y 58% de impuestos especiales) como dice el Estatut, exige limitar el fondo de suficiencia: "Ejercer la solidaridad es aportar más, pero no debe implicar recibir menos".

El PSC plantea limitar la aplicación del fondo a salud, educación y servicios sociales. Es decir, restringir a esas competencias la garantía de que todas las comunidades tendrán dinero suficiente para prestar el mismo nivel de servicios. El resto (entre el 25% y el 35% de los gastos, según la Generalitat) se pagaría con los ingresos de cada comunidad y con fondos estatales de convergencia regional. Un planteamiento que afectaría a la financiación de competencias autonómicas como las de justicia, vivienda, medio ambiente, orientación laboral o transportes, y que suscita el rechazo casi unánime del resto de regiones gobernadas por el PSOE.

La vista está puesta ahora en el Gobierno, que ha lanzado guiños a ambos lados. Las primeras pistas las dará mañana Solbes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y la ambigüedad ya no será posible en la comisión mixta Estado-Cataluña, convocada para el 28 de mayo en Barcelona.