Propuestas para superar la crisis Por

La economía española está ya creciendo por debajo de su potencial en estos primeros meses de 2008. La desaceleración del crecimiento continuará hasta alcanzar su sima en algún momento de 2009. En esto coinciden todos los analistas privados y oficiales. Las cuestiones debatidas hoy son de dos tipos. Primero están los interrogantes coyunturales: ¿hasta dónde caerá el ritmo de variación del PIB en 2009?, ¿habrá después un rápido retorno a la senda de crecimiento potencial o, por el contrario, la economía española se enfangará en ritmos de avance lentos e insuficientes para garantizar el pleno empleo de los recursos productivos? En segundo lugar, las de política económica: ¿qué puede hacer el Gobierno para que nuestra economía recobre lo antes posible ritmos elevados de crecimiento económico?

No basta con fomentar la innovación, la investigación o la calidad del sistema educativo

Se ha de elegir entre mantener el poder adquisitivo o mantener los puestos de trabajo

En cuanto a lo primero, la crisis financiera internacional y el aumento del precio del petróleo y otras materias primas están acentuando severamente el ajuste de nuestra economía ya iniciado en la primera mitad del pasado año. El ritmo de crecimiento de la economía española a lo largo de los próximos tres o cuatro trimestres dependerá sobre todo de la evolución de esos factores externos. Lo que ocurra a partir de entonces, sin embargo, dependerá fundamentalmente de nuestra política económica, lo que nos lleva al segundo interrogante.

A mi juicio, la economía española no se enfrenta solamente a un ajuste coyuntural que terminará una vez se estabilice el precio de la vivienda y de las materias primas y se restaure la confianza en los mercados financieros internacionales. Sin duda alguna cuando esto ocurra se pondrá un suelo a la caída de nuestro crecimiento económico y transcurridos algunos trimestres se iniciará una aceleración del mismo. Pero cuando se disipen las brumas e incertidumbres generadas por la crisis financiera se verá con nitidez que la economía española no puede contar con dos de los resortes fundamentales que han impulsado su crecimiento a lo largo de los últimos 12 años: oferta ilimitada de crédito a tipos de interés reales negativos o muy bajos, y precios relativos del petróleo y otras materias primas reducidos. Aun contando con los posibles descensos que estas variables puedan registrar en los próximos 12 meses, se puede afirmar con razonable seguridad que el tipo de interés real y el precio relativo de la energía y otras materias primas serán sensiblemente superiores durante el próximo quinquenio a los niveles medios vigentes en el transcurso de la anterior etapa expansiva.

Para que la economía española no se adentre en un proceso prolongado de crecimiento subóptimo se han de crear bases de expansión vigorosas que puedan funcionar en esas nuevas condiciones de precios relativos. La tarea prioritaria de la política económica ha de ser sentar esas bases que permitan retornar lo antes posible a la senda de crecimiento elevado. Para ello no basta con fomentar la innovación, la investigación o la calidad del sistema educativo porque la conexión entre la mejora de estas variables y el crecimiento de la productividad es un proceso lento que opera con la suficiente intensidad en el horizonte temporal de referencia. Lo que se ha de hacer es efectuar reformas que consigan la máxima intensidad posible en la utilización de los recursos productivos e incidan rápidamente sobre las expectativas de beneficios y el crecimiento de la productividad. Las reformas esenciales son las de la fiscalidad y del gasto público, así como la del mercado de trabajo. La reforma de algunos mercados de bienes y servicios, muy especialmente del mercado de la energía, son también necesarias, pero en lo que sigue me limitaré a las primeras.

La reforma más urgente quizá sea la de la fiscalidad, recortando sensiblemente el impuesto de sociedades, reduciendo las cuotas empresariales a la Seguridad Social y disminuyendo los tipos mínimos y máximos del IRPF. Es importante recalcar que no se trata de bajar los impuestos por razones anticíclicas sino de crear un nuevo marco fiscal que incentive el crecimiento de la inversión y el empleo y facilite la reasignación de recursos hacia los sectores de mayor productividad potencial. Esto significa que los recortes de la imposición directa deben ser acompañados de reformas de las principales partidas de gasto público, o en su ausencia de aumentos de otros impuestos, a fin de impedir un estímulo presupuestario excesivo que sólo serviría para alimentar la inflación. La economía española no se enfrenta a una deficiencia de demanda agregada en términos nominales, la única variable sobre la que puede influir la expansión presupuestaria, sino a un problema de caída del crecimiento potencial. La única partida de gasto público cuyo crecimiento discrecional no sólo no se debe frenar sino que se debe acelerar es el gasto en infraestructuras. A diferencia de lo que ocurre con otras partidas, este gasto no sólo impulsa la demanda sino también la oferta agregada y contribuye positivamente al avance de la productividad. Además, si se diseña adecuadamente la acción pública en el ámbito de las infraestructuras, cada euro de gasto público se puede multiplicar por inversiones privadas financiadas por el mecanismo de precios.

El nivel actual del impuesto de sociedades merma la capacidad de inversión de las empresas y, dado su elevado nivel en comparación con nuestros competidores internacionales, erosiona la competitividad del sector productor de bienes comerciables. Además, como ponen de relieve múltiples estudios, es un impuesto que finalmente recae en buena parte sobre el empleo. Lo mismo se puede decir de las cuotas empresariales a la Seguridad Social. No es posible, sin embargo, recortar apreciablemente este último impuesto directo sin efectuar reformas del sistema de Seguridad Social encaminadas a incrementar la proporcionalidad entre las contribuciones y los derechos devengados. Estas reformas de la fiscalidad, siempre y cuando no se permitan déficits presupuestarios superiores a los que derivarían de la actual estructura de gastos e impuestos, tendrían el efecto positivo adicional de inducir una depreciación de nuestro tipo de cambio real.

La flexibilidad del mercado de trabajo no se puede inferir de su comportamiento durante la etapa expansiva sino de su capacidad de absorber una desaceleración económica sin aumentos desorbitados de la tasa de paro. Uno de los problemas de nuestro mercado de trabajo es la indización casi automática de los salarios nominales a un índice de precios, el IPC, que contiene los precios del petróleo y de otros productos importados, de manera que puede variar más intensamente que los ingresos de las empresas nacionales. Si el avance del IPC es superior al de los precios percibidos por los productores nacionales, como ocurrió el año pasado y está sucediendo este año, el crecimiento de los salarios indizados a dicho indicador provoca una erosión de la rentabilidad empresarial que antes o después se traducirá en menores niveles de inversión y empleo. El otro problema consiste en los elevados costes de despido, sobre todo de los despidos colectivos, de los trabajadores con contrato fijo. La combinación de estas dos distorsiones lleva, en coyunturas de desaceleración económica y aumento de los precios de importación, a una viscosa rigidez a la baja del ritmo de crecimiento de los salarios nominales y del nivel de los salarios reales que puede tener efectos muy nocivos sobre las exportaciones, la inversión y la creación de empleo. Desgraciadamente, en situaciones de este tipo se ha de elegir entre no hacer reformas y mantener el poder adquisitivo de los salarios o hacerlas para mantener los puestos de trabajo.

Es verdad que ninguna de estas reformas son políticamente fáciles de instrumentar, si lo fueran ya se habrían hecho hace tiempo. Pero no es menos cierto que la economía española se enfrenta a una situación cuya gravedad no se debe minusvalorar y de la que será difícil salir airosamente si los artífices de la política económica no son ambiciosos en sus metas y valientes en su ejecución. Una de las ventajas con que cuenta nuestro país para afrontar esta situación es que ha acontecido al comienzo de una nueva legislatura, el tiempo político más propicio para llevar a cabo esas reformas difíciles pero imprescindibles para flexibilizar nuestro aparato productivo y configurar nuevos resortes de crecimiento económico. -

José Luis Feito es economista.