La Generalitat pagó 15.000 euros por un estudio sobre seguridad en China
El informe carece de aplicaciones prácticas para la gestión del Gobierno catalán
El Departamento de Interior y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña pagó el año pasado 15.000 euros para la elaboración de un informe externo titulado China y la Seguridad en Asia Oriental, Análisis del papel de China en la construcción del orden regional en materia de seguridad. El informe forma parte de los 1.580 estudios de asesoramiento encargados por el Gobierno catalán con un coste global de 32 millones de euros y que la fiscalía está investigando para saber si algunos de ellos fueron encargados a dedo y cuál es su grado de utilidad para las labores del Gobierno.
El ejecutivo justifica el encargo: "Mejora nuestra actuación en el fomento de la paz"
El informe sobre China es uno de los 12 que ha encargado la Secretaría de Relaciones Institucionales, dependiente del Departamento de Interior, dirigido por Joan Saura (Iniciativa-Esquerra Unida), quien tiene a su cargo la policía de la Generalitat. El documento, que a diferencia de algunos estudios encargados por otros departamentos fue entregado en el plazo previsto, ha sido elaborado por un equipo de investigadores de la Universidad Pompeu Fabra encabezado por Caterina García.
Casi todos los informes encargados por el departamento hacen referencia a asuntos que incumben directamente al día a día del Gobierno catalán en materia de seguridad, relaciones institucionales o memoria histórica, los ámbitos de competencia de Joan Saura. Sin embargo, el estudio sobre China, de 87 folios, explica el papel de la potencia asiática en las relaciones internacionales. No hay ninguna referencia a asuntos que puedan ayudar al Gobierno catalán a mejorar sus sistemas de seguridad, promoción exterior o lucha por el respeto a los derechos humanos.
Fuentes del departamento de Interior y Relaciones Institucionales defendieron ayer el encargo de este informe se enmarca dentro de la ley de Fomento de la Paz aprobada en 2003. "La ley contempla el establecimiento de convenios con investigadores para mejorar y diseñar líneas de actuación para el fomento de la paz", recordaron estas fuentes. Y añadieron: "Hay que mejorar el conocimiento de aquella zona del mundo por parte de la sociedad catalana". El encargo de este informe se hizo a través de la Oficina de Promoción de la Paz y los Derechos Humanos. El estudio, sin embargo, sólo aborda el asunto de los derechos humanos de forma muy tangencial; se dedica casi estrictamente a dibujar el peso de China en el mantenimiento del actual orden internacional en la región.
La insistencia del Gobierno catalán en encargar todo tipo de informes a empresas y particulares sobre los asuntos más diversos le ha valido, además de la investigación de la Fiscalía, todo tipo de reproches por parte de la oposición. Convergència i Unió anunció ayer que pedirá a la Sindicatura de Cuentas -el equivalente del Tribunal de Cuentas en Cataluña- que investigue el asunto. Concretamente, CiU pide que la Sindicatura investigue por qué el departamento de Salud de la Generalitat ha pagado por informes que ni siquiera se han entregado (ver EL PAÍS de ayer). De no recibir esta información, el primer grupo de la cámara catalana exigirá a la Sindicatura que investigue el conjunto de los 1.580 informes encargados el año pasado por el Gobierno catalán por valor de 32 millones de euros.
El PP volvió a pedir ayer una comisión de investigación parlamentaria para investigar el asunto. Ante la negativa de CiU a apoyar esta iniciativa, el PP acusó a los nacionalistas de "connivencia" con el tripartito catalán. "CiU tiene miedo de que le salpique la polémica", dijo la portavoz parlamentaria del PP en Cataluña, Carina Mejías.
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