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"Iremos a campos de concentración"

Incendiados cinco campamentos gitanos en Nápoles en apenas 48 horas - La comunidad teme que vuelvan las leyes raciales del fascismo italiano

"Mis hijos son italianos, no saben hablar otra cosa, pero no tienen oportunidad de trabajar", relata Hakia Husovic. "Los gitanos somos como las nubes. No tenemos derechos, no tenemos luz, el agua nos la pusieron hace dos años. Ya nos han dicho que nos van a echar de aquí, nos llevarán a un campo lejos de la ciudad. ¿Qué harán con nosotros? Yo se lo diré: nos meterán en campos de concentración modernos".

Husovic tiene seis hijos y 30 parientes a su cargo. La mayoría son italianos. Según el número oficial del Ayuntamiento, pintado en amarillo en la pared trasera de su chabola, su casa es la número 23 de las 157 que hay en el campamento de Casilino. "Aquí viven 650 personas, es el más antiguo de Roma. Aunque está autorizado, no cumple las condiciones sanitarias", explica Paolo Ciani, especialista en minorías de la organización católica Comunidad de San Egidio.

El alcalde de Roma: "El ciudadano tiene que defenderse si el Estado no lo hace"

Casilino es uno de los 25 campamentos gitanos que hay en Roma. Entre todos, alojan a 10.000 personas. Las ONG calculan que en Italia viven entre 130.000 y 150.000 gitanos y que la mitad son italianos, unos 50.000 son rumanos y el resto son yugoslavos.

Muchos empezaron a llegar a finales de los años sesenta, cuando en las chabolas Casilino sólo vivían emigrantes italianos, gente de Sicilia, Calabria y el Véneto. "Poco a poco, los italianos fueron comprándose casas y dejando sitio a los gitanos de Yugoslavia. Montenegrinos, bosnios, kosovares... A ellos se sumaron muchos otros en los años noventa, huyendo de la guerra", dice Ciani.

Muchos gitanos de Casilino llevan más de media vida en el país, pero aún no tienen permiso de residencia; otros son italianos, pero todavía no han sido reconocidos por el Estado. Según Antonio Ricci, de Cáritas Italia, eso demuestra el abandono absoluto que ha caracterizado la política del Estado hacia los gitanos.

"Yo llegué asilado en 1991, era suboficial de la Armada", recuerda Naio Adzovic, montenegrino, periodista y escritor, residente en Casilino. "Y seguimos igual que hace 15 años, abandonados y en las mismas chabolas. Pero muchos no tenemos ya un país al que volver porque no existe".

Algo más ha cambiado (a peor) en los últimos tiempos en este rincón infame y lejano de la periferia romana, plagado de niños que ayer, al volver de la escuela, jugaban al fútbol entre la basura y las ratas. En los últimos años, desde que en 2001 empezaron a llegar progresivamente los zíngaros rumanos, los gitanos que viven en Italia dejaron de ser ignorados para convertirse en el enemigo público número uno.

El Gobierno de Silvio Berlusconi ha vuelto al poder, y ha lanzado, con tanta celeridad como aparato mediático, una situación de emergencia. "Parece una locura, pero es así", explica Ciani, "en el país de la Mafia, la Camorra y la N'drangheta, el primer enemigo de la seguridad no es el crimen organizado, sino la gente que intenta escapar de la pobreza".

El panorama venía cociéndose desde hace un par de años. "Los medios siempre hablaron de una invasión", recuerda Ciani, "aunque la verdad es que llegaron gitanos rumanos en la misma proporción demográfica que hay en Rumania: un 10% del total".

Il Giornale, un periódico del imperio Berlusconi, tituló el 2 de enero de 2007, un día después del ingreso de Rumania en la UE: "Medio millón de rumanos vienen hacia aquí". Era mentira. La emigración rumana era masiva y estaba ya en Italia desde hacía años. El 1 de enero de aquel año, según Cáritas, había 556.000 rumanos en Italia. Hoy, según los cálculos de Antonio Ricci, la cifra ha debido casi duplicarse, pero "porque muchos de ellos estaban ya trabajando ilegalmente, y simplemente afloraron con el ingreso de su país en la UE".

Junto al número, se exacerbó también la calidad de la inmigración. Hace unos meses, los medios publicaron que un tal Ajmetevic había atropellado, yendo borracho, a cuatro jóvenes italianos matándolos en el acto. "Días después se supo que Ajmetevic era gitano, pero no rumano, sino italiano, nacido en Caserta", cuenta Miruna Cayvaneanu, corresponsal de la agencia rumana Hotnews en Roma. "El juez obligó a los medios a corregir la información. Se hizo, pero a los pocos días todos se olvidaron y volvieron a decir que era rumano. La manipulación es total".

Animados quizá por la escalada verbal desplegada por los socios de Berlusconi, la Liga Norte y Alianza Nacional, durante la campaña electoral y después, y asustados por esa campaña mediática que ha magnificado cada delito cometido por rumanos y gitanos, algunos ciudadanos han empezado a hacer lo que muchos temían: tomarse la justicia por su cuenta.

En las últimas 48 horas, una turba de vecinos de Ponticelli, en la periferia oriental de Nápoles, ha reducido a cenizas cinco campamentos gitanos. Los mal llamados nómadas -apenas un 5% de zíngaros lo son, y éstos llevaban años en Ponticelli- habían huido de sus casas escoltados por la policía ante las amenazas.

El detonante del asalto fue la noticia de que una muchacha rumana de 16 años había intentado secuestrar a un bebé. La multitud lanzó piedras y cócteles molótov, se armó con barras de hierro y sembró el terror entre niños y adultos de las chabolas. Uno de ellos declaró ayer en televisión: "No sabemos a dónde ir. Si vamos a Roma o a Venecia no cambiará nada, allí nos cazarán igual".

El alcalde de Roma, Gianni Alemanno, dijo ayer que lo de Ponticelli demuestra que "no es el alarmismo, sino la política del dejar hacer lo que genera la cultura de tomarse la justicia por su mano". El regidor, que se dice contrario a esa justicia, entiende que si el Estado da al ciudadano la sensación de no defenderlo, "el ciudadano se ve obligado a defenderse solo". "Primero la legalidad", concluyó, "luego la solidaridad".

La UE ha recordado a Italia que es el país que menos dinero dedica a la integración: menos de cuatro millones de euros entre 2000 y 2005, durante el último Gobierno de Berlusconi. Probablemente, los 750.000 inmigrantes rumanos y los 150.000 gitanos que viven en Italia se conformarían con sentirse iguales. "Nunca nos llevan a la televisión para contar nuestra realidad, dicen pestes de nosotros y si uno comete un delito nos crucifican a todos", comenta Naio Adzovic. "La gente debe reconocer la verdad", advierte Ricci, "en Italia la criminalidad organizada está en manos italianas, y los rumanos son subalternos que están ahí por necesidad u obligación: muchos son esclavos de las mafias italianas".

Un comisario especial para zíngaros

El alcalde de Roma, Gianni Alemanno, anunció ayer, tras hablar con el ministro del Interior, Roberto Maroni, que la capital tendrá un comisario especial que se ocupará de los gitanos. La decisión iguala la tomada en Milán entre Maroni y la alcaldesa Letizia Moratti, que otorga poderes extraordinarios al prefecto de la ciudad para decidir el destino de los zíngaros. Alemanno precisó que el comisario tendrá poderes para actuar "sobre la seguridad pública y sobre la definición del territorio". Según el alcalde, "si hay personas no gratas en Roma, deben ser alejadas de la ciudad, y esto vale, por ejemplo, también para Milán, porque si no nuestras ciudades serán invadidas por ciudadanos que actúan en los límites de la legalidad".Alemanno aclaró que si un nómada tiene ciudadanía italiana será integrado, y debería ser integrado en los barrios normales. Para los no italianos, habrá que decidir, dice Alemanno, entre los que quieren vivir en la legalidad y entre aquellos que sólo quieren delinquir: "Esos serán alejados"."La decisión de dotar a los prefectos italianos de poderes especiales sobre la comunidad gitana se funda en prejuicios", dijo ayer el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, quien criticó las "promesas xenófobas" de la campaña electoral.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de mayo de 2008

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