Hablemos de dinero

Ha llegado el momento de hablar de dinero. La legislatura pasada se consumió en la reforma de diversos estatutos de autonomía. Toca ahora definir como se van a financiar las comunidades autónomas.

El primer principio que debe respetarse es el de la igualdad. Todos los españoles, vivan donde vivan, o ganen lo que ganen, tienen los mismos derechos. Todos, menos vascos y navarros, que por razones históricas, que habrá que revisar algún día, disfrutan de un ventajoso sistema propio.

Entre el resto de comunidades, dos son los principales referentes: Andalucía y Cataluña. Los catalanes reclaman que el Estado negocie con ellos un nuevo modelo, que se haga de inmediato y que se limite y reduzca el fondo de suficiencia a la sanidad, la educación y algunos servicios sociales, dejando fuera las infraestructuras, la vivienda o el medio ambiente. El resto de comunidades rechaza la posición catalana.

La propuesta de Andalucía también es conocida. En 2006 remitió al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) un documento con las líneas maestras que deben regir el nuevo modelo de financiación. Andalucía planteó su propuesta en el lugar adecuado, el CPFF. En buena medida, la polémica desatada estos días por el tema de la financiación se ha producido, en opinión del secretario general de la Consejería de Hacienda de la Junta, José de Haro, porque varias comunidades han anticipado planteamientos parciales fuera del Consejo.

La propuesta andaluza busca conciliar los intereses de todas las comunidades. El equipo que dirige el consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, que ha realizado un excelente trabajo, sigue planteando que el nuevo modelo de financiación debe estar basado fundamentalmente en la población. Aunque, como es el caso, Andalucía resulte perjudicada. Hace ocho años, la reivindicación de la Junta al Gobierno de Aznar era que se reconociera a efectos de financiación la existencia de 460.000 andaluces no incluidos en las cuentas de Madrid. La población había crecido, pero el Gobierno central no lo tenía en cuenta.

Ahora es diferente. Si bien la población de Andalucía ha crecido en números absolutos (pasa de 7,5 millones a 7,9), ha bajado en porcentaje respecto al total de la población española (del 19,5% al 19,1%). Otras comunidades, Valencia, Murcia, Baleares, Cataluña, han aumentado su porcentaje, entre otras razones por la masiva llegada de inmigrantes.

El secretario general de Hacienda explicaba a este periodista que el modelo andaluz pretende una mejor medición de las necesidades financieras de las comunidades. No sólo hay que contabilizar el aumento o disminución de la población, sino analizarla en profundidad. Por ello, se deben tener en cuenta los dos tramos de población que demandan más atención sanitaria: los niños de entre 0 y cuatro años y el de mayores de 65 años; también hay que cuantificar el estado general de salud de los ciudadanos.

En educación, parece lógico también tener presente el crecimiento de la población en edad escolar. Y por último, en cuanto a los servicios sociales, es de sentido común que debe ser evaluado el gasto que supondrá para las comunidades la puesta en marcha de la Ley de Dependencia.

Pero mientras José de Haro se muestra confiado en que al final se llegará a un acuerdo entre todas las comunidades, porque "hay muchos puntos de coincidencia", otros especialistas no las tienen todas consigo. Luis Angel Hierro, profesor de Economía de la Universidad de Sevilla y ex diputado socialista, comenta que en tiempos de crisis como ahora, "si hay poco dinero, hay poco margen para la negociación". Y en opinión de Hierro, que acaba de regresar de un debate en Cataluña sobre este espinoso asunto, "los catalanes quieren mucho dinero y para dárselo, otros tienen que perderlo".

Y nadie quiere perder dinero. Ése es el problema.