Menorca garantiza el acceso libre a todas las playas y un camino insular de 180 kilómetros

Bañistas sin barreras. Llegar por tierra hasta las playas vírgenes de Menorca es gratis: por caminos públicos, libres y gratuitos. En todas las calas insulares han quedado eliminados los últimos peajes privados, que habían sido impuestos en las rutas de acceso por los propietarios de las fincas que rodean la costa. El Consell de Menorca ha concluido la compra por expropiación de las últimas vías rurales y costeras cerradas de la Vall de Ciutadella, en los que cada día de verano un vigilante cobraba el paso de los vehículos.

En los 215 kilómetros de costa de Menorca -reserva de la biosfera y sujeta a una política de protección medioambiental- se incluyen medio centenar de playas abiertas y calas entre acantilados costeros. La mitad de las calas se pueden considerar naturales o con escasos impactos por urbanización o acciones litorales. Una parte de la isla no es urbanizable y está protegida por ley. Muchas zonas costeras y del interior quedaron a salvo del desarrollismo turístico y residencial gracias al mantenimiento de las tradicionales propiedades latifundistas en manos de pocas familias y, en especial, a la presión ciudadana.

El Consell de Menorca, gobernado por el PSOE desde hace tres mandatos, en alianza con los nacionalistas insulares, anunció que, con el mismo proceso de ocupación por expropiación, ha culminado un circuito público de 180 kilómetros de caminos periféricos. Estos senderos circundan la isla, justo al lado de la costa. Conforman el histórico camí de cavalls (camino de caballos). La mitad del recorrido queda en el interior de fincas privadas, el resto es ya propiedad pública o figura en ámbitos de dominio público o suelo urbano.

Joana Barceló, presidenta de Menorca, resalta que "el camino es patrimonio público, tras ocho años de largo trabajo, desde la seguridad jurídica". Barceló reclama a los usuarios que "busquen la complicidad de los propietarios y los payeses antes que el conflicto" para que "este sea un proyecto compartido con los afectados".

En 2000 se aprobó en el Parlamento de Baleares la Ley del Camino de Caballos, cinco años después se cerró el plan especial de gestión, pero durante el último mandato del PP no se facilitó la ocupación por la vía de urgencia de las zonas en litigio como pretendía el Consell de Menorca. El coste de las compras y ocupaciones del derecho de paso es de dos millones de euros. Las sentencias del Jurado de Expropiación fijaron un precio de tres euros el metro cuadrado.