El fiscal compromete el pacto con los 'gilistas' al ignorar a la acusación

Cuatro meses de negociación entre la Fiscalía y los abogados defensores para agilizar decenas de causas judiciales contra los ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) de Marbella corren serio riesgo de irse al traste por no haberse contado en las conversaciones con un actor secundario pero determinante: la acusaciones particular y popular.

Un día después de que el grupo municipal socialista marbellí rechazara los términos actuales del pacto, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, anunció ayer que si el fiscal no aumenta su petición de pena y exige responsabilidades civiles a los ex concejales por el daño urbanístico causado a la ciudad, serán ellos quienes lo pidan.

Esto supone un torpedo en plena línea de flotación del acuerdo, ya que obligaría a celebrar todos los juicios pendientes, precisamente lo que las defensas y fiscalía pretenden evitar. Uno de los principales afectados por este movimiento sería el ex alcalde Julián Muñoz, que todavía tiene pendientes de calificación 42 juicios por prevaricación urbanística. Muñoz volvió ayer a la cárcel de Alhaurín de la Torre después de disfrutar de su segundo permiso penitenciario de tres días desde que fue detenido en julio de 2006.

Las acusaciones mantienen que las penas solicitadas son insuficientes

Tanto la acusación socialista (personada en seis procedimientos) como la municipal aseguran que, desde el mes de enero, cuando comenzó a negociarse el pacto, la Fiscalía no ha contactado con ellos. "No tenemos ningún conocimiento del pacto de la Fiscalía y, en esas circunstancias, el Ayuntamiento mantiene su acusación y no se apoyará en ningún pacto que desconoce", aseguró ayer el portavoz municipal, Félix Romero.

El concejal dijo que desde que el PP llegó a la Alcaldía, en mayo de 2007, el Ayuntamiento ha pedido personarse en 138 procedimientos penales contra personas vinculadas al GIL, que gobernó entre 1991 y marzo de 2006, cuando se disolvió el consistorio tras la Operación Malaya. De estas 138 causas posteriores al año 2000 y todavía en fase de instrucción, "más de ochenta procesos" corresponden a licencias de obra ilegales, los que entran en el pacto.

No será hasta el próximo día 26 cuando el abogado del grupo del PSOE, Oliver Roales, se reúna con el fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Juan Calvo-Rubio, que dirige las negociaciones. Roales pidió la cita con el fiscal hace una semana "cuando vio los términos del pacto en la prensa".

Los abogados de la acusación no saben si interpretar la falta de información como una torpeza, como un error o como parte de la estrategia del fiscal. Sin embargo, sí tienen claro que las penas que el Ministerio Público ha pactado con los ex ediles son "insuficientes".El artículo 320 del Código Penal contempla penas de multa o de prisión de seis meses a dos año por los delitos de prevaricación urbanística. El fiscal ha pactado con los seis ex ediles de la corporación marbellí de 1995 a 1999 penas máximas de hasta 12 meses de prisión y diez años de inhabilitación, con la que las defensas se van a conformar.

Sin embargo, el Ayuntamiento marbellí aspira a que se impongan "las mayores penas posibles dentro de la ley" y para adherirse al pacto no admite menos de un año y tres meses de prisión.

Al tratarse de delitos conexos, se debería cumplir el triple de la pena máxima impuesta, esto es tres años y nueve meses, mientras que con el actual pacto, las penas se reducirían a tres años máximo.

Por su parte, los abogados del PSOE pretenden que se pacten penas "de entre uno y dos años". Ambas acusaciones aseguran que no buscan celebrar decenas de juicios, sino "mejorar un mal pacto".

Mientras tanto, la fiscalía de Málaga sigue haciendo su trabajo como si no hubiera acuerdo. El pasado 18 de marzo, mientras negociaba el pacto con las defensas, el fiscal Juan Calvo-Rubio pidió una pena de dos años de prisión -la máxima posible- contra Julián Muñoz y el supuesto cerebro de la corrupción urbanística marbellí, Juan Antonio Roca, por un caso de prevaricación urbanística en el que están imputados otros siete concejales. Se trata del caso Jardines de San Pedro, sobre una licencia de obra para construir 133 viviendas en un suelo destinado a viario público. Esta calificación, de momento, sólo es provisional.