Reformas y grisura política

Apenas han transcurrido dos meses desde las elecciones legislativas y el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha presentado esta semana un ambicioso plan de reformas legales que conllevan un decisivo y aún histórico impulso en la línea de la modernidad del Estado y de la sociedad. Una propuesta que, de llegar a ramos de bendecir, colmaría sobradamente esta novena legislatura y constituiría, además y de rebote, una feliz celebración -la cuadragésima ya- de aquellos años eufóricos cuyo icono sigue siendo el Mayo del 68, cuando en casi todo el mundo, entre estrépitos y manis, se abonaron libertades que han resultado irreversibles.

No será necesaria tanta agitación, obviamente, pero puede anticiparse que algunas de las innovaciones propuestas no hallarán un camino de rosas a pesar de que vienen a colmar déficits institucionales y liquidar deudas del pasado que a menudo se mantienen vivas por un exceso de prudencia política o falta de arrojo para acometerlas. Como por ejemplo la revisión de la vigente ley de Libertad Religiosa para promover la laicidad e igualdad de las distintas confesiones, tan menoscabada por la primacía hegemónica del catolicismo, o el desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica, o una nueva regulación electoral más equitativa, o la reforma del Senado para otorgarle contenido territorial a esta Cámara hoy por hoy decorativa y ociosa, o la nueva financiación autonómica o, en fin, la puesta al día del sistema judicial que actualmente linda con el colapso y el esperpento.

Para sacar adelante varias de estas iniciativas -y otras no menos oportunas pero de menor calado, cuya mención soslayamos- tendrán el Gobierno y sus eventuales aliados que bregar lo suyo y a cara de perro por ciertas de ellas debido a los demonios familiares y privilegios ancestrales -con la Iglesia hemos topado, Sancho- que estas reformas trastocan. Pero, prosperen o no, el Ejecutivo se vincula a un compromiso reformador ambicioso que le ennoblece y, simultáneamente, pone al PP en el brete de dar la talla como partido con sentido de Estado en asuntos cruciales que requieren su consenso o, en cambio, de volver por donde suele, dándole muchos cuartos al pregonero en todo aquello que no mangonea a fin de crispar al vecindario.

En contraste con este denso plan legislativo, el Gobierno autonómico valenciano que preside Francisco Camps no ha hecho mucho más que cortar el dividendo de su confortable victoria electoral de mayo de 2007, cultivando la imagen de que por estos pagos hemos tocado el techo de la prosperidad y de que no somos más felices por los incumplimientos y discriminaciones a que nos somete el actual titular de La Moncloa. De la crisis inmobiliaria no tienen una palabra que decir o se sacuden las pulgas con la coartada de la coyuntura general. Victimismo duro y anacrónico. De este modo el Consell y el partido permanecen asidos a la pancarta de agua para todos, al agravio comparativo y la financiación insuficiente, lo que siempre será cierto por la distinta evolución de los recursos disponibles y las necesidades crecientes, sobre todo si se omiten los derroches prodigados en obras y eventos descabellados cuya principal utilidad es nutrir el discurso demagógico oficial.

No ha de extrañarnos, pues, que cumplido un año de legislatura los episodios más notorios y novedosos del Gobierno del PPCV hayan sido, a tenor de su alcance mediático, el estrambótico boicot a la asignatura Educación para la Ciudadanía, que habría de impartirse en inglés, y la no menos rocambolesca propuesta o borrador de ley valenciana de integración del inmigrante con esa suerte de contrato o compromiso que ha suscitado casi unánime desdén. Eso, por no citar el enredo que se ha escudriñado recientemente en estas páginas acerca de la dación de cuentas del encuentro familiar que el Papa presidió en el verano de 2006 en Valencia y del que no hay manera de saber cuánto costó y cómo se financió, lo que hay que juzgar como un ridículo -y por supuesto antidemocrático- ejercicio de ocultación.

Por fortuna, la Comunidad Valenciana no está a cubierto de la batería legislativa con carácter estatal que proyecta el Gobierno y que hemos anotado más arriba, lo cual ha de compensar de algún modo la grisura política, cuando no la involución, en que nos ha sumido el PP.