Las constructoras gravan con avales ilegales a 450 inquilinos en Granada

Al sorteo para alquilar alguna de las 455 nuevas viviendas de protección oficial en Granada, celebrado veinte días antes de las elecciones municipales de mayo de 2007 y presidido por el alcalde José Torres Hurtado (PP), le han brotado supuestas graves irregularidades. Un año después, un inspector municipal ha corroborado las denuncias que los agraciados en el sorteo han realizado, al no poder afrontar las duras condiciones exigidas para cumplir su sueño de acceder a un alquiler moderado, de entre 280 y 360 euros al mes.

Los afectados denuncian que el Ayuntamiento "se haya desentendido"

De este modo, un inspector municipal ha censurado las diferencias entre los pliegos de condiciones técnicas iniciales y los contratos de arrendamiento suscritos por algunos de los inquilinos, la mayoría parejas jóvenes e inmigrantes sin recursos boyantes. El técnico sostiene que el consistorio debería imponer a las cuatro promotoras implicadas "una multa de hasta un tercio del precio de adjudicación de la parcela e instar a la resolución del contrato".

Si el pliego de condiciones estimaba que el único deposito debía ser una mensualidad de la renta, los contratos exigen a los inquilinos un aval bancario correspondiente a un año de renta. Mientras que el pliego inicial establecía que un arrendatario permaneciera en la vivienda una década y transcurrido ese plazo podría comprarla, en sus contratos la empresa propone ampliar el alquiler a 15 años, pero a continuación desliza la imposibilidad de que un inquilino pueda cumplir los 15 años en la casa, ya que sólo se contemplan contratos de 5 años como máximo, y sin posibilidad de renovación. Por último, el contrato insta a los inquilinos a renunciar "al derecho de adquisición preferente", por lo que podrían perder la casa si apareciera un comprador que ofrezca un precio superior al suyo.

Al parecer, estas condiciones han provocado que casi dos terceras partes de los agraciados hayan renunciado a ocupar su piso, según el PSOE. Mientras que el Ayuntamiento alega que no dispone de datos, la plataforma de afectados critica que las renuncias incluso han sobrepasado a los aspirantes y ahora los pisos se ofrecen en el mercado libre sin ninguna condición.

El principal escollo para la entrega de las casas es que los promotores buscan asegurarse de que sus inquilinos afrontarán los pagos. "El Ayuntamiento tenía que haber hecho una selección, porque hay gente insolvente y no se le puede dar a alguien que coge chatarra una vivienda que no es social porque está levantada por iniciativa privada. Parece que le estamos robando a la gente y no es así", alegan fuentes de una de las promotoras.

Los aspirantes censuran que los avales exigidos oscilan entre 15.000 y 25.000 euros. A pesar de que los promotores niegan de forma reiterada que ningún aval supera los 5.000 euros, tal y como especifica el texto del contrato de aceptación, lo cierto es que los bancos han interpretado que el aval bancario exigido contempla la vigencia del contrato durante cinco años, y no un año como alegan los promotores. "El contrato del Ayuntamiento con las inmobiliarias es irregular y ahora se están comiendo sus mentiras", denunció ayer el presidente de la plataforma de afectados, Sebastián Honorato.

La edil socialista Carmen García-Raya tildó a la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, de "indocumentada y embustera", después de que ésta dijera en un pleno que los solares se habían cedido "gratuitamente", cuando el consistorio recibió cuatro millones por parte de las promotoras. El PSOE exige que se rectifique "este escándalo" y que el alcalde "debería pedir perdón a las personas agraciadas en el sorteo".

Mientras, los damnificados denuncian que el Ayuntamiento se haya "desentendido" y que las empresas añadan nuevas peticiones. "Se están ofreciendo como si fueran viviendas libres. Esta es una manera mafiosa que tienen de quitarse a la gente de encima. Cuando llevas un aval te piden más", denuncia un joven que solicita el anonimato.