Un juez condena al Ayuntamiento por tráfico ilegal de trabajadores

El proceso de privatización -externalización lo llaman ellos- que realiza el Ayuntamiento de Madrid en la gestión de trámites e infraestructuras acaba de crear un precedente nefasto para sus propios intereses. El juzgado número 31 de lo Social ha condenado al Consistorio por "tráfico ilegal de trabajadores" al utilizar a empleados de una empresa subcontratada para tareas propias de un funcionario. Una empleada fue despedida hace un año, pero ahora el Consistorio podría tener que readmitirla y hacerla indefinida.

IU señala que "hay más casos como éste" y los achaca a la externalización

En 2005, el Ayuntamiento otorgó la gestión de las señales de tráfico de la ciudad a la unión de empresas temporales Madrid Viario. Algunos de los empleados de esa firma (alrededor de un 20%) fueron trasladados a las dependencias de la Concejalía de Movilidad, en la calle de Albarracín. Les dieron tarjetas, ordenadores, horarios e instrucciones idénticas a las de los funcionarios. En realidad, de facto, como señala la sentencia, se convirtieron en funcionarios. "La demandante, en la sección de Ocupación de la Vía Pública, desarrolló funciones administrativas propias del Ayuntamiento, bajo la dirección de los superiores municipales, utilizando exclusivamente los medios materiales e informáticos proporcionados por el Ayuntamiento", señala la sentencia.

Concretamente, atendía a ciudadanos en una ventanilla que concedía permisos de estacionamiento y licencias de circulación para vehículos pesados. Firmaba expedientes y ponía sellos oficiales del Ayuntamiento.

Pero algunos de esos trabajadores, entre los que está Gema Molina (que ha ganado el juicio, sobre el que cabe recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid), fueron despedidos. Molina demandó a Madrid Viario y al Ayuntamiento. "La causa es precisamente haber sido sometida a un tráfico ilegal de trabajadores, cuya acreditación dejaría sin contenido el despido, decidido por Madrid Viario, ya que la demandante podría optar por mantener su relación laboral con el Ayuntamiento", señala la sentencia.

"Es escandaloso que condenen a la Administración, que es quien debe dar ejemplo de política laboral. Pero no nos extraña. Hay más casos y derivan de una política de externalización de servicios y de duplicar funciones que pueden hacer los funcionarios y que se contratan en condiciones precarias", denunció ayer el portavoz de IU, Ángel Pérez.

Lo que hizo Madrid Viario, según la sentencia, fue "ceder ilegalmente" a trabajadores al Consistorio. "La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa sólo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal autorizadas", recuerda el juez. Además, apunta: "Los trabajadores sometidos al tráfico prohibido tienen derecho a adquirir la condición de fijo, a su elección, en la empresa cedente o cesionaria".

Molina cobraba 1.200 euros al mes. Un sueldo inferior al de un funcionario del mismo rango (22.000 euros anuales) y sin los derechos de un trabajador público. Además, el Ayuntamiento otorgaba una responsabilidad que se obtiene por mérito, capacidad y un concurso público.

El Ayuntamiento ha anunciado que recurrirá la sentencia "porque no es justa". "Esa empleada prestaba servicios directamente relacionados con movilidad. No tenía otras funciones ajenas en la razón social de la empresa", señaló el coordinador de Movilidad, Fernando Autrán.