La Abogacía General cuestionó la orden de Educación que coloca inspectores 'a dedo'

La primera vista del proceso judicial interpuesto por la Federación de Enseñanza de UGT contra la orden de Educación del 24 de abril de 2007 por considerarla "diseñada a medida" para consolidar a una treintena de inspectores a dedo -que habían sido "previamente colocados en comisiones de servicio por ser amigos o compañeros de viaje del PP"- reveló ayer las contradicciones en el seno de la Generalitat entre sus responsables técnicos y políticos.

El informe de la Abogacía General de la Presidencia fechado 13 días antes de que se firmara la citada orden recurrida señalaba, entre otras, que "de acuerdo con el Real Decreto 276/07, los miembros del tribunal serán designados por sorteo (...) por lo que deberá suprimirse que los tres vocales serán designados libremente", según reza el texto en poder de EL PAÍS.

Frente a este sistema de designación del tribunal, el letrado de UGT defendió ante el Juzgado número 7 de lo Contencioso-Administrativo que "la convocatoria arbitró un procedimiento de libre designación que no tiene cobertura legal". En su opinión, "la orden infringe lo establecido en el reglamento de ingreso y acceso de los distintos cuerpos docentes, incluido el de Inspectores de Educación", como reconoce el propio informe de la Abogacía de la Generalitat, que consta en el expediente administrativo. En él se desaconseja "cualquier discrecionalidad técnica para establecer la elección y composición del tribunal opositor", justo en contra de lo sostenido por el abogado de los opositores.

Esto "no es más que la punta del iceberg de un hecho escandaloso: un procedimiento arbitrario encadenado que comienza, curso tras curso, por el nombramiento a dedo de inspectores accidentales, su permanencia para que adquieran experiencia y puntos, y su legitimación definitiva por medio de procesos selectivos hechos a medida con tribunales ad hoc", remató el sindicato. Por este procedimiento, entre 1996 y 2007, el PP consolidó 167 inspectores a dedo: el 70% del cuerpo autonómico de inspectores. Entre los "reclutados" hay desde alcaldes y concejales del PP que compatibilizaban cargos municipales en las comisiones de cuentas y juntas municipales con el sistema educativo.