Vía libre para juzgar al ex alcalde de Oropesa

La Audiencia de Castellón ha desestimado el recurso de un imputado en el caso del edificio Mar de Oropesa, con lo que da luz verde a que acusación particular y fiscalía soliciten la apertura de juicio oral. En el procedimiento están imputados el ex alcalde de Oropesa Francisco Garrido, otros dos ediles del grupo independiente -en el gobierno municipal en 2003, cuando se originó el caso- y Juan Manuel Ribes, después expulsado del PSPV.

El arquitecto municipal también figura como imputado. El caso se abrió después de que un particular presentara una denuncia basada en la autorización que el Ayuntamiento de Oropesa otorgó para construir dos bloques de apartamentos sobre un suelo terciario destinado a cámping. Las acusaciones se centran en un posible delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio. Las penas estipuladas para estos casos ascienden a cerca de nueve años.

El arquitecto municipal fue quien presentó recurso contra la decisión de la titular del juzgado de instrucción número 4 de Castellón. Alegaba que el cuestionamiento de la actuación municipal se ceñía al ámbito de lo contencioso. Sin embargo, la audiencia considera que el arquitecto emitió un informe favorable a la concesión de una licencia "que contravenía el plan general, del que era conocedor". Así, la Audiencia sigue la línea que marcó la juez en su auto, en el que señalaba que los cuatro concejales autorizaron la construcción de apartamentos en un suelo "incompatible con la edificación de viviendas residenciales" y añade que, pese a ello, el arquitecto "emitió informe favorable" pese a que existían otros tres informes desfavorables (de la secretaria, del colegio de arquitectos y del servicio territorial de Urbanismo), en los que, además, se advertía de la ilegalidad del proyecto.

La aprobación se remonta a 2003, con lo que el edificio ya está construido y habitado pese a que ni siquiera está legalizado. De hecho, el PP, en la anterior legislatura y cuando ya gobernaba el actual alcalde, Rafael Albert, trató de legalizar los edificios con una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada en un pleno que, posteriormente, fue anulado por vía judicial debido a un defecto de forma.

La participación del equipo de gobierno del PP en el intento de legalizar el proyecto llevó a la fiscalía a que la imputación se ampliara a los ediles que formaron parte de ese intento.