La transferencia de la cuenca del Guadalquivir se atrasa a final de año

La transferencia del Guadalquivir es, sin duda, el traspaso estrella de las competencias contempladas en el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía. El acuerdo suscrito en Cazorla el pasado 12 de noviembre reserva las competencias de planificación general e inversión al Estado, mientras que la Junta asumirá el resto, es decir, usos y concesiones de agua; infraestructuras hidráulicas y el control del dominio público hidráulico.La Junta de Andalucía pretende encomendar la gestión del río más emblemático de la región, el Guadalquivir, a una dirección general. La medida, pendiente de que se culmine la transferencia de las competencias sobre el Guadalquivir a la comunidad autónoma, tendrá como principal novedad que la dirección general fijará su sede en Jaén, provincia cabecera de la cuenca y la que mayor número de embalses tiene.

"Somos cabecera de cuenca y tenemos que reivindicar nuestro peso"

El traspaso del río a la Junta, previsto para el 1 de julio, se retrasará hasta final de año.

La futura dirección general sobre el Guadalquivir estará adscrita a la Agencia Andaluza del Agua, que ya cuenta con otras dos instituciones de igual nivel para la gestión de las otras dos cuencas ya transferidas a la comunidad: la Cuenca Mediterránea Andaluza, transferida en enero de 2005, y cuya dirección general tiene su sede en Málaga; y la Cuenca Atlántica Andaluza, transferida en enero de 2006 y con sede en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Por este motivo, la Consejería de Medio Ambiente interpretó ayer como "algo lógico" la creación de una futura dirección general para la gestión del Guadalquivir, aunque se precisó que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre la fecha de creación ni sobre el lugar de su sede.

En todo caso, la elección de Jaén como sede de la futura institución que gestionará la principal cuenca hidrográfica de la comunidad -con 51.900 kilómetros cuadrados- tiene como principal aliado al vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, el jiennense Gaspar Zarrías, que ya logró que el acto protocolario en el que el Estado y la Junta firmaron el traspaso de las competencias sobre el Guadalquivir, el pasado 12 de noviembre, tuviera lugar en Cazorla, a muy pocos metros del nacimiento del río Guadalquivir.

También la hasta ahora delegada provincial de Medio Ambiente en Jaén, Amparo Ramírez, nombrada ayer por el Consejo de Gobierno directora general de Planificación y Gestión de la Agencia Andaluza del Agua, no ocultó su preferencia porque la futura dirección general tenga su sede en Jaén. "Somos cabecera de la cuenca y tenemos que reivindicar nuestro peso específico", dijo Ramírez, quien tendrá la misión, desde su nuevo cargo, de hacer compatibles los distintos usos del agua, desde la agricultura -el regadío supone en torno al 80% de la demanda de agua en la cuenca del Guadalquivir- a los usos urbanos (11% de la demanda) y los usos industriales.

No sería la primera vez que Jaén fuera sede de una institución dependiente del Gobierno andaluz. A principios de la década de los años ochenta, antes incluso de que se aprobara el Estatuto de Autonomía de Andalucía, Jaén fue la sede de la Consejería de Sanidad, que tuvo al frente a Fernando Arenas del Buey, que fue consejero preautonómico.

Mientras tanto, la transferencia de pleno derecho de la gestión del Guadalquivir a la comunidad autónoma andaluza, que estaba previsto que se hiciera efectiva el 1 de julio de este año a través de un Real Decreto de traspaso de funciones, se retrasará varios meses y podría prolongarse hasta final de año, según ha podido saber este periódico.

Hay que recordar que la asunción de las competencias sobre el Guadalquivir por parte de Andalucía fue recurrida el pasado 5 de junio por la Junta de Extremadura ante el Tribunal Constitucional (TC) al estimar que las competencias exclusivas de Andalucía "incumple" la Constitución.

El Ejecutivo andaluz alegó que la Administración extremeña no estaba legitimada para recurrir los artículos referidos al río Guadalquivir en el Estatuto andaluz, y entiende que Extremadura esgrime "competencias ajenas estatales".