Morales abre la puerta en Bolivia a las autonomías
El presidente evita el choque y acepta dialogar con los gobernadores
En la partida de ajedrez que disputan en Bolivia el presidente, Evo Morales, y el movimiento autonomista del Este del país las piezas se han movido levemente después de que la provincia de Santa Cruz aprobara el pasado domingo con el 85% de los votos un estatuto de autonomía que no encaja de ninguna manera con la Constitución que defiende el mandatario boliviano. Y aunque ambas partes se acusan de hacer trampas y de mover las figuras como quieren, en las últimas horas se han producido gestos que apuntan a una posible negociación. Una salida que llegados a esta altura se ve como la única alternativa al enfrentamiento civil.
El movimiento de Santa Cruz admite que la cohesión interna es frágil
Mientras en las calles de Santa Cruz una multitud celebraba el resultado de la consulta, Evo Morales se dirigía en la madrugada de ayer (hora española) por televisión a los bolivianos para, tras negar la legitimidad al referéndum autonomista y reclamar el proyecto indigenista para el país, convocar al diálogo a los prefectos, cuatro de los cuales están alineados con la oposición.
Con semblante serio, el presidente insistió en que la nueva Constitución es el marco bajo el que tienen que moverse las demás iniciativas. Morales lanzó un torpedo a los autonomistas al cuestionar el respaldo popular de la consulta ya que entre votos nulos, votos contrarios y abstenciones los votos a favor del Estatuto no llegan el 50% del padrón. "Siguiendo el mismo sistema de hacer cuentas Morales nunca habría sido elegido", replicó ayer el líder autonomista Carlos Daoub. Y es que el presidente boliviano fue elegido con el 54% de votos, porcentaje donde no entró ni la abstención ni los votos en blanco y nulos.
Pero la abstención y los violentos disturbios registrados en las zonas de la provincia de Santa Cruz con amplia presencia de los simpatizantes del presidente -"una rebelión contra los oligarcas", según Morales- han dado muestra de que la oposición de la provincia rebelde a Morales no es ni mucho menos total. Es más, según han reconocido a este diario dirigentes del movimiento autonomista la cohesión interna de éste "es muy frágil". Sus miembros están más unidos por la oposición al mandatario boliviano que por el modelo en el que se tiene que basar la autonomía. Por eso, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, se ha apresurado a señalar que el Estatuto "no es un texto definitivo" y que se puede negociar sobre él.
Todos estos movimientos políticos se producen dentro de un auténtico caos legal del que cada parte trata de sacar el máximo provecho. Bolivia se encuentra sin Tribunal Constitucional, lo que permite en la práctica llevar adelante todo tipo de iniciativas, legales o no, sin que una voz autorizada se pronuncie sobre ello. Por eso, Costas puede declarar negociables en una mesa los puntos ratificados en una consulta popular ignorando el mandato de ésta. Una consulta a su vez declarada ilegal por el Tribunal de Justicia Electoral, porque según la Constitución vigente las provincias carecen de competencias para convocarla. Del mismo modo, Morales da como bueno un texto constitucional que todavía no ha sido sometido a referéndum y cuya aprobación en el interior de un cuartel y sólo por diputados del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) generó violentos disturbios el pasado diciembre.
El referéndum ha hecho pasar a segundo plano otro movimiento del Gobierno boliviano que tendrá importantes consecuencias: la nacionalización de la mayor empresa de telecomunicaciones del país. Ayer, los trabajadores de Entel -italiana hasta el pasado jueves cuando fue nacionalizada por decreto- fueron convocados a un acto público de adhesión al Ejecutivo. Allí los nuevos directivos de la firma les prometieron que no perderán sus puestos de trabajo. Morales considera la nacionalización una medida "de defensa de los derechos humanos".
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