Las obras de la tubería del agua las dirigirá un ingeniero de la Generalitat

La tubería que llevará agua del Ebro a Barcelona será reversible, discurrirá "siempre que sea materialmente posible" por la zona de dominio de la autopista AP-7 y su explotación corresponderá a la Generalitat. Son algunos de los acuerdos suscritos ayer entre el Gobierno catalán y el Ministerio de Medio Ambiente en el convenio para desarrollar la conducción de agua.

Una vez rubricado el concierto por la ministra Elena Espinosa y el consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, una comisión de seguimiento comenzó ayer mismo a trabajar para adjudicar las obras con carácter de urgencia según los datos que ya se manejaban: costará unos 180 millones de euros, tardará en completarse seis meses y cubrirá las necesidades domésticas de más de cinco millones de habitantes del área metropolitana de Barcelona.

La obra aún no ha sido adjudicada, cosa que hará el ministerio. Ayer trabajaba en una fórmula que permita encargar la obra a una única empresa, probablemente Aguas de Barcelona, pero con cláusulas que establezcan que el trabajo lo realicen varias a la vez para acortar los plazos. "No tenemos encargo alguno", afirmó ayer un portavoz de Aguas de Barcelona, que reconoció la existencia de conversaciones, pero sin acuerdo escrito. "Sin un escrito claro de condiciones no se puede decir que haya nada".

Las dudas del ministerio sobre la adjudicación de la obra se unen a las dudas en el interior del propio Gobierno catalán. Aunque formalmente el director de las obras será Guillem Peñuelas Prieto, empleado de la Agencia Catalana del Agua, el Ejecutivo catalán preferiría, si se halla un método adecuado para ello, que hubiera un comisionado especial para el conjunto de la obra. Preferentemente un técnico de GISA, empresa que ha acreditado la ejecución de las obras públicas.

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, destacó los tres aspectos básicos que aprueba el convenio: limitación en la cantidad de agua trasvasada y en el tiempo, y total transparencia. En cuanto al volumen, la tubería, de 60 kilómetros, nunca trasladará más de cuatro metros cúbicos de agua por segundo hasta un máximo de 50 hectómetros, que irán desde el Consorcio de Aguas de Tarragona (que utiliza agua del Ebro para el riego) hasta el sistema Ter-Llobregat (que suministra a Barcelona y su área metropolitana).

El otro límite es el de tiempo. Terminará cuando la desalinizadora del área metropolitana de Barcelona esté en pleno funcionamiento (su finalización está prevista para mayo de 2009). Entonces, la Administración central cederá definitivamente la infraestructura a la catalana.

Para que todas las conducciones de agua sean "transparentes", en palabras de Puxeu, la comisión mixta de seguimiento, formada por representantes de ambas administraciones, establecerá cuáles serán los mecanismos físicos de reversibilidad del uso de la tubería. Además cualquier proceso deberá aprobarse mediante un nuevo real decreto. La "bidireccionalidad" de la infraestructura es clave, en opinión del secretario de Estado: "Todos somos conscientes de la fragilidad del río Ebro, que sufre también los efectos del cambio climático y tiene problemas de regresión y salinización".