Puntualizaciones sobre el CGPJ

No me ha sorprendido el artículo que el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez escribe en EL PAÍS del 25 de abril, pues son conocidas sus posiciones en defensa de la independencia judicial y la defensa de sus posiciones políticas ampliamente difundidas en medios escritos. Y generalmente he estado de acuerdo con sus posiciones y con su medido y equilibrado modo de hacer la crítica. Por ello, sí me sorprende, y preocupa, la rotunda descalificación que en el mencionado artículo hace, por generalizar, a todos los vocales del actual y prorrogado Consejo General del Poder Judicial, donde afirma que nadie hace nada por "garantizar la independencia judicial, sin hipotecas y frente a todos", lo que es una acusación a todos los vocales de estar prevaricando día a día al seguir consignas políticas, en detrimento, por ello, de la independencia judicial.

Nada más injusto que atribuir, sin saber, conductas indebidas con tanta ligereza. Y, aunque estoy harto de tener que defender mi dignidad y quehacer profesionales tantas veces, y ello porque, entre que un grupo político no ha tenido la dignidad de cumplir con su obligación constitucional, perpetuando un Consejo que eligieron las Cortes de los tiempos de José María Aznar, y que otros hablan y escriben desde dentro o sobre el mismo Consejo, muchas veces sin saber ni conocer, o tergiversando lo que es y pasa hoy día en él, se ha llegado a esta situación de desprestigio institucional, debo decirle al señor magistrado, con las limitaciones que impone este medio de contestar a su extenso artículo, que algunos vocales de este Consejo tratamos día a día de garantizar la independencia judicial al margen de las influencias políticas y de las también influencias corporativas promovidas por las asociaciones judiciales que tienden a confundir a los vocales del Consejo como sus representantes, cuando somos representantes de los ciudadanos para gobernar el Poder Judicial.

Que no todos somos voceros de nadie ni sectarios. Y tratamos de garantizar la independencia judicial, sin olvidar que la justicia es un servicio público, tratando de mejorar las jurisdicciones, difundiendo los valores constitucionales para que presten este servicio del mejor modo posible. Así, en mi caso, y desde el pudor que supone hablar de uno mismo, llevo ese empeño día a día con las jurisdicciones con las que trabajo, la de menores, la de familia, vigilancia penitenciaria y la de incapacidades, o con la mediación penal, las más olvidadas del servicio público pese a ser las que sirven para resolver conflictos vivamente ligados al sufrimiento de los ciudadanos, y que en cierto modo encarnan de modo especial esos valores constitucionales.

No me importa que me tilden de "progresista" (como si fuera negativo), siempre que sea por este trabajo; pero no por ser vocero de nadie, ni actuar con sectarismo como se me imputa injustamente.

Por ello, animo al Gobierno a llevar al Parlamento reformas que cambien el Consejo, no sólo a renovarlo, sino a cambiarlo, de arriba abajo, para cerrar el paso a la politización y al corporativismo y a los que se aprovechan de él, pero también pido a los críticos que cuiden sus modos, porque, pese a defender la institución como imprescindible, pueden acabar con ella por ejercer la crítica con ligereza, sin conocimiento y con injusticia.