El Gobierno estima entre 1.500 y 2.000 millones la deuda histórica

La deuda histórica tiene fecha de caducidad. El próximo 20 de septiembre acaba el plazo para establecer su cuantificación y el 20 de marzo de 2010 los cheques tienen que estar ingresados en las cuentas de la Junta de Andalucía. Es lo que dice el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía. ¿Qué es lo que falta ahora? Quizás lo más difícil: el acuerdo sobre la cantidad entre los Gobiernos central y andaluz. El Ejecutivo que preside el socialista Manuel Chaves tiene una estimación que oscila entre 1.500 y 2.000 millones de euros, según fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda.

Chaves tiene aún pendiente una reunión con PP e IU para unir criterios

Antes de cerrar el acuerdo con los responsables del Ministerio de Economía y Hacienda que dirige Pedro Solbes, el propio Chaves se ha comprometido a abrir una ronda de contactos con la oposición para intentar buscar un acuerdo sobre los criterios para determinar la cuantía de lo que se denomina deuda histórica. Con esta expresión se definen los fondos excepcionales de financiación que Andalucía debió recibir del Estado para garantizar la prestación de los servicios transferidos en la década de los años 80.

Por el momento, la comunidad ha percibido 420 millones de euros por este concepto: 120 millones en 1996 y 300 que fueron ingresados el pasado 16 de abril, el mismo día en que Chaves se enfrentaba a su sexta investidura. En esta sesión y en respuesta a Izquierda Unida, el presidente socialista desveló por primera vez los cuatro criterios que maneja la Junta para la cuantificación de la deuda histórica y que propondrá a PP e IU en una reunión que aún no tiene fecha.

El presidente andaluz aseguró que los servicios fundamentales afectados por estas asignaciones complementarias "deben ser" educación, sanidad, vivienda y servicios sociales. Y añadió: "El nivel de prestación con el que hay que comparar para valorar la situación de déficit o insuficiencia es el nivel medio de prestación de cada uno de los servicios considerados en el conjunto del territorio nacional". Otro de los criterios que facilitó fue el de la fecha del cálculo: el año anterior a la efectividad del traspaso de los cuatro bloques de servicios públicos citados. Y, finalmente, el último paso sería convertir en euros contantes y sonantes el déficit en medios materiales (profesores, médicos, hospitales, viviendas...) para incluirlos en los Presupuestos Generales del Estado.

La Junta tiene cuantificada la deuda histórica en materia de educación, sanidad y vivienda, una cifra que el Gobierno central conoce "desde hace mucho tiempo", dijo hace un año a este periódico la viceconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. Desde entonces, la Junta ha trabajado en la valoración de las insuficiencias de los servicios sociales, cuya cuantía se incluye en la horquilla entre 1.500 y 2.000 millones de euros que baraja como cómputo global el Gobierno andaluz.

Antes de las elecciones autonómicas, el vicepresidente económico, José Antonio Griñán, entregó su estimación al ministerio, pero no quiso darla a conocer para no entrar en ninguna subasta. También lo hizo para que nadie se llamara a engaño y evitar que se acusara a la Junta de bajar la cifra a su conveniencia si el que ganaba las elecciones era Rodríguez Zapatero o de subirla, si el triunfador resultaba ser Mariano Rajoy.

El número de partida que ha manejado el PSOE desde 2003 es el de 1.148 millones de euros. Los grupos de la oposición, a lo largo de los años, han facilitado varias cifras. El PP, al menos ha dado tres: 1.148 millones, 3.500 y 4.500. IU ha oscilado entre los 3.000 y los 7.500 millones.