El Tribunal de Cuentas investiga el uso de 14 millones en tres municipios

La sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha abierto un procedimiento para esclarecer el uso que los ayuntamientos de Torremolinos, Benalmádena y Níjar dieron al dinero que ingresaron por convenios urbanísticos y venta de suelo en el año 2004 (14,4 millones de euros entre los tres).

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas pidió en febrero la apertura del procedimiento tras examinar un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía en el que entendió que se reflejaban hechos "de los que se pueden derivar la existencia de responsabilidad contable".

La Fiscalía pide que se depure y resarza la responsabilidad contable

Este tipo de procedimiento, para el que sólo tiene competencias el Tribunal de Cuentas y no las cámaras autonómicas, que sólo pueden fiscalizar, tiene por objeto último el resarcimiento de los daños que se hayan podido causar al erario público.

La Cámara de Cuentas auditó por encargo del Parlamento autonómico el uso que 16 ayuntamientos andaluces dan a los ingresos que obtienen por la gestión del suelo, algo que resultó imposible en los casos de Torremolinos, Benalmádena y Níjar porque "carecen de un control específico de los mismos", lo que infringe la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Las cantidades sometidas a investigación coinciden así con los ingresos que en el año 2004, el ejercicio fiscalizado, tuvieron estos ayuntamientos por convenios urbanísticos y venta de suelo. La mayor cuantía, 11 millones de euros, corresponde a Torremolinos, gobernado como ahora por el popular Pedro Fernández Montes.

Benalmádena, que entonces tenía de alcalde al independiente Enrique Bolín, ingresó en aquel ejercicio tres millones de euros, mientras que el de Níjar, donde en 2004 gobernaba el PSOE, recibió 388.518 euros.

El informe de la Cámara de Cuentas constató un "incumplimiento generalizado" por parte de los ayuntamientos andaluces de los usos que la normativa obliga a dar a los ingresos obtenidos por la gestión del patrimonio público de suelo. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) determina que deben emplearse en la compra de terrenos para VPO, la construcción de éstas, conservación, mejora y urbanización del suelo público y rehabilitación de zonas degradadas y edificaciones en la ciudad consolidada.

La Cámara constató que el 52% de los 174 millones de euros ingresados en 2004 por los 16 ayuntamientos auditados, entre los que se incluían las ocho capitales, tuvieron un destino diferente a éstos. En su mayoría fueron a parar a inversiones generales, algo que el órgano fiscalizados recordó que "no se puede hacer por muy loables y razonables que sean". Pero el problema en el caso de los tres ayuntamientos sobre los que el Tribunal de Cuentas ha abierto investigación es que no hay constancia del destino dado al dinero.

La ley estipula que los ingresos por suelo deben depositarse en cuentas restringidas y contabilizarse de forma independiente al patrimonio general de los municipios.

En el año de referencia, el Ayuntamiento de Torremolinos ingresó más de 11 millones de euros por gestión de suelo, de los que casi todos, 9,7 millones, fueron por la venta de dos parcelas de 1.500 y 890 metros cuadrados. Según el informe de la Cámara de Cuentas, este consistorio "no tiene un inventario específico del patrimonio municipal de suelo, no controla los recursos materializados en terrenos y tampoco lleva un control específico de los ingresos derivados de la gestión de su patrimonio de suelo, incumpliendo el artículo 165.2 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales".