Guiño del PP a Cataluña al apoyar el minitrasvase que Camps recurrirá

La actividad parlamentaria de la legislatura se inició ayer con el PSOE marcando distancias y sin buscar apoyos a sus iniciativas; con CiU y PNV deseosos de negociar y llegar a acuerdos con el Gobierno y, sobre todo, con el PP atrapado en sus tensiones y contradicciones internas.

Tan enredados están los populares que después de hacer un discurso muy duro contra las primeras medidas económicas aprobadas por el Gobierno se abstuvieron en la votación y, tras criticar el decreto del minitrasvase a Barcelona, votaron a favor.

El enredo es mayor si se tiene en cuenta que dos de sus barones regionales más poderosos, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, presidentes de Valencia y Murcia, respectivamente, anunciaron que llevarían el decreto que ayer apoyó el PP al Tribunal Constitucional. Sólo se puede entender como un guiño a Cataluña, que preludia una actitud nueva hacia esa comunidad.

El PP fue muy duro en los discursos, lo que da idea de dónde arranca su tono de oposición. Así, Carlos Floriano se estrenó acusando al Gobierno de "incompetencia, engaño e ineficacia" sobre la política de agua y calificando de "parche" el minitrasvase. La guinda del lío interno fue que la diputada del PP por Zaragoza Luisa Fernanda Rudi rompió la disciplina de voto y se abstuvo.

Por su parte, el PSOE ha elegido estar solo en el Congreso y ayer, para convalidar sus primeras medidas económicas urgentes, únicamente tuvo los votos de sus diputados, a los que se unió simbólica y voluntariamente Coalición Canaria. En la segunda votación, la del decreto del minitrasvase, sin negociación previa, logró que todos votaran a favor, salvo CiU y ERC que se abstuvieron y Gaspar Llamazares que votó en solitario en contra.

La comodidad en las votaciones no le evitó escuchar reproches de todos los grupos, especialmente, sobre la situación económica, su diagnóstico y las medidas para abordarla. Con distintos matices y tonos, todos le dijeron al Gobierno que lo que llama desaceleración es en realidad una crisis y peor de la que muestra el optimismo de Zapatero y Solbes.

Las mayores críticas las recibió la deducción de 400 euros, contenida en el decreto aprobado en el primer Consejo de Ministros de la legislatura. Llamazares y Joan Ridao (ERC) criticaron el reparto universal y la falta de progresividad; Josep Sánchez Llibre (CiU) y Pedro Azpiazu (PNV) hablaron de medida "electoralista" y Cristóbal Montoro (PP) la ridiculizó. En defensa del decreto, el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, aseguró que "el rigor presupuestario de los últimos cuatro años ha permitido poder inyectar recursos en la economía para revitalizarla". Ni Solbes habló de crisis, ni Elena Espinosa, ministra de Medio Ambiente, habló de trasvase. Fueron las dos palabras prohibidas en el banco azul.

El otro daño colateral del decreto es que ERC se desmarcó de los otros dos socios del tripartito catalán y se abstuvo junto a CiU. Llamazares votó en contra porque rechaza todos los trasvases.

Los portavoces de CiU y PNV hicieron repetidas apelaciones al Gobierno para negociar y buscar consensos. El PSOE ni siquiera ha negociado su apoyo, pero aún así tuvo su respaldo para no tramitar los decretos como proyectos de ley susceptibles de ser modificados, como pretendía el PP.