Los ex ediles del GIL de Marbella pactan con el fiscal ir a prisión

Los concejales que convirtieron Marbella en un parque temático de la corrupción urbanística, especialmente entre 1995 y 2003, entrarán en prisión, aunque sea con penas leves. La mayoría de los ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) han alcanzado un "pacto general" con la Fiscalía de Málaga por el que aceptarán la petición de cárcel en 70 causas pendientes por concesión de licencias ilegales, según informaron fuentes fiscales.

A cambio, el ministerio público se compromete a considerar como conexos todos estos juicios por prevaricación urbanística, con lo que, por ley, los condenados sólo purgarán el triple de la condena más alta que se les imponga. Además, el fiscal pedirá penas máximas de 12 meses de prisión, a pesar de que el Código Penal contempla un máximo de dos años de cárcel para este tipo de delitos.

El pacto supone, por lo tanto, que ninguno de los más de 15 ex ediles afectados, entre ellos Julián Muñoz y Marisol Yagüe, pasará más de tres años en la cárcel por estos delitos. Las penas no podrán ser sustituidas por multa ni suspendidas condicionalmente. Si aceptan el pacto, todos los condenados deberán entrar en prisión, aunque no tengan antecedentes, sólo estén imputados en una causa y reciban la pena mínima de seis meses de cárcel. Entre los beneficios que obtienen los ex ediles están, según la Fiscalía, condenas más ligeras que si se celebraran los juicios en sala y "evitar la llamada pena de banquillo".

El acuerdo contempla tres tipos de penas -seis, nueve y doce meses de prisión- en función del número de causas por prevaricación pendientes. También se tendrá en cuenta si los munícipes formaban parte del equipo de gobierno que aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998, que nunca tuvo vigencia, y que sirvió como base para decenas de atropellos urbanísticos, como la construcción de viviendas de lujo en zonas verdes o en suelos reservados para colegios o centros de salud.

El tiempo que los ediles, sobre todo Julián Muñoz, han pasado en prisión por condenas firmes por prevaricación urbanística -casos Banana Beach, Proinsa y Moansa- tampoco servirá para liquidar las futuras penas.

"La prevaricación urbanística se puede penar con multa o con prisión e inhabilitación, y en este caso, la conformidad es con la pena máxima posible, es decir, con la cárcel. Luego, en la negociación se gradúa el periodo de prisión", explican fuentes fiscales. El acuerdo pergeñado por la Fiscalía de Medio Ambiente cuenta con el visto bueno de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de la Fiscalía General del Estado. El pacto no abarca otros delitos supuestamente cometidos por los ex ediles, como malversación de caudales públicos o cohecho, que se juzgarán aparte.

Fuentes del ministerio público afirman que "la mayoría" de los imputados "está de acuerdo" con los términos del pacto, que busca "ahorrar a los juzgados 70 semanas de juicios". Sin embargo, algunos ex ediles, como Tomás Reñones, último alcalde del gilismo en Marbella -fue regidor durante dos días tras la detención de Marisol Yagüe por el caso Malaya y hasta la disolución del Ayuntamiento en marzo de 2006- se plantean desmarcarse del pacto. Durante la próxima semana, los fiscales se reunirán con algunos de los concejales que aún no han dado su conformidad.

El descontrol urbanístico durante los tres lustros del gilismo, cuando se firmaban los convenios en el capó de los coches o en una barra de bar, tiene su traslado a la vía judicial. Una de las estrategias de los imputados en los juicios urbanísticos ha sido aprovechar la confusión de las actas de las comisiones de gobierno que aprobaron las licencias ilegales. Algunos de los imputados aseguran no haber asistido siquiera a las comisiones a pesar de que el ex secretario municipal, Leopoldo Barrantes, puso su nombre en las actas.