El fraude de explotar discapacitados

Eva Sánchez Sánchez firmó su primer contrato el 28 de junio de 2007. Indefinido, del tirón. Tenía que limpiar un colegio religioso en Sevilla de lunes a viernes a cambio de un salario de 724 euros. Por emplearla, la empresa Arte y Decoración del Sur, un centro especial de empleo, podía cobrar los 12.000 euros, que da la Consejería de Empleo a cada puesto de trabajo indefinido ocupado por una persona con discapacidad. Como Eva.

Pero el empleo indefinido fue efímero. A Eva la despidieron en agosto sin haber cobrado un euro. En el juzgado reclama los 1.209 euros que le adeudan. Se deprimió. "Me han utilizado, se te viene el mundo encima, me ha costado volver a buscar trabajo", cuenta. El dinero es secundario, pelea por algo no evaluable: la reparación de una injusticia.

Como Eva, otros discapacitados han sido víctimas de empresarios de escrúpulos relajados que se aprovechan de las ayudas públicas dedicadas a incentivar el empleo de un colectivo desfavorecido. Sin ser frecuente, existe. "Es raro que no se descubra, que se intente es otro tema", señala la presidenta de la Asociación de Centros Especiales de Empleo, María del Mar Martín. En Andalucía hay casi 400 centros especiales. En los últimos dos años, Empleo ha iniciado expedientes de reintegro por un importe de, al menos, 2,4 millones de euros por fraudes en estas subvenciones.

El caso de Arte y Decoración del Sur, el centro especial de empleo subvencionado en Sevilla que engañó a Eva, resulta especialmente llamativo porque su promotor, Samuel García Fernández, tiene un jugoso historial de subvenciones cobradas indebidamente, repentinos cambios de domicilios y plantillas despedidas. García creó en Cádiz en 2004 Puerto Júpiter, un centro especial de empleo dedicado a limpieza y jardinería subvencionado con 132.231 euros por los puestos de trabajo. Milagros Robles Romero fue una de sus primeras empleadas de limpieza. Hasta que el 24 de mayo de 2007, Samuel García anunció la quiebra a sus trabajadores, un mes después de la resolución de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz que le otorgaba otros 52.000 euros de subvención por mantener en plantilla a trabajadores con discapacidad.

Milagros y los demás aceptaron la salida voluntaria a cambio de ser contratados en otra empresa de Samuel García: Arte y Decoración del Sur 2004 en la que figura como administradora de la sociedad Rocío Diañez, una empleada. Tras unos meses de normalidad salarial, pronto los trabajadores dejaron de cobrar. Y, tras celebrar elecciones sindicales, toda la plantilla fue despedida. "Inmediatamente empezaron a contratar a otra gente a través de la empresa Inteldisa para poder hacerse cargo del trabajo", asegura Milagros Robles. "Monta empresas para coger subvenciones y las cierra", afirma. "Realizan de modo sistemático una actuación fraudulenta que consiste en la contratación de personas con discapacidad para beneficiarse de ayudas públicas", esgrime en un escrito presentado ante el juzgado el abogado Enrique Carrasquilla, que lleva el caso de Eva Sánchez.

El delegado de Empleo en Cádiz, Juan Bouza, cree que la administración dispone de controles suficientes. Si se incumplen los requisitos, se inicia un expediente de reintegro. Si se incurre en delitos, se va a los tribunales. "Es posible que seamos poco ágiles a la hora de tramitar pagos, pero somos eficientes en controlar los fondos que se dan", sostiene.

Bouza admite que algunos empresarios utilizan la ley "para no cumplirla". Samuel García figura al frente de Puerto Júpiter. Pero no de Arte y Decoración del Sur o Inteldisa, lo que dificulta que la administración pueda rastrear si hay irregularidades en el historial del empresario. Que además de pocos escrúpulos, tiene mucha cara. En el juzgado de lo mercantil donde se desarrolla el concurso voluntario de acreedores de Puerto Júpiter ha reclamado 292.000 euros a la Junta por subvenciones no pagadas. En varias páginas de empleo hay ofertas recientes para contratar trabajadores en Cádiz para Inteldisa Limpieza, su nueva marca.