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Las víctimas de sobreprecios de Construcuatro buscan amparo

"El juzgado quiere dar carpetazo al asunto", aseguran

Telmo Martín, líder del PP en Pontevedra y socio de Construcuatro, fue citado a declarar el 6 de marzo por el juzgado que instruye el caso del pago de sobreprecios por viviendas protegidas contruidas por esa empresa, sin que el abogado de las víctimas haya recibido al respecto notificación alguna.

Este hecho es uno de los numerosos que aducen para señalar que "el juzgado quiere dar carpetazo al asunto". A su juicio, no ha actuado con la diligencia que el procedimiento requería y por ello solicitarán el amparo del Consejo General del Poder Judicial.

Las víctimas de los sobreprecios por los pisos construidos por Construcuatro en la calle Teixugueiras 25, del polígono de Navia, presentaron ayer un detallado informe con las gestiones que han desarrollado el procedimiento judicial. "No se ha hecho ninguna diligencia de investigación por instancia o a iniciativa del fiscal, y la única realizada por el juzgado fue la petición de la documentación fiscal de Construcuatro", afirman.

El proceso se inició el 7 de diciembre de 2006 con la denuncia de estafa ante juzgado de instrucción 2 de Vigo, que dirige Pilar Carreira Vidal. Días después ya se incorpora un informe policial en relación con conversaciones grabadas durante el cobro de los sobreprecios y de las que, dice el informe, "se deduce claramente que esa cantidad de dinero negro sería repartida entre el intermediario, José García Tilve, y Construcuatro, de manera que la empresa se llevaría alrededor de 20.000 euros por la venta de cada piso, y el intermediario 12.000 euros, alcanzando ambas cantidades una suma total que ronda el 20% del precio oficial de cada vivienda".

Un año después, en noviembre de 2007, otro informe policial concluye que Construcuatro pretendía obtener "un beneficio extra" en la venta de pisos" y que la forma "no podía ser más que cobrando unas cantidades de dinero negro o B, el cual no fue declarado, motivo por el cual no se daba a los compradores recibo justificante alguno".

Hay testigos importantes que no han sido llamados a declarar, la constructora desoyó dos exhortos para presentar la documentación relacionada con el edificio y atendió al tercero, pero sólo después de presentar una declaración complementaria a Hacienda, en junio de 2007, "para sortear el delito fiscal", dicen las víctimas. Los testimonios como imputados de José Manuel Torres y Eugenio Sobral, los otros socios de Construcuatro, el pasado 14 de febrero, confirmaron la percepción de sobreprecios.

Las 34 víctimas que los denunciaron creen que en los hechos concurren un delito de maquinación para la alteración del precio de bienes de primera necesidad (vivienda) y otros de coacciones y amenazas, de fraude fiscal y contra la Hacienda Pública. Critican que no se haya paralizado el expediente de Vivenda sobre el mismo asunto y no entienden que esta consellería no se haya personado en el procedimiento penal en defensa del interés público.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de abril de 2008