Los casos de violencia atascaron el juzgado del 'caso Alovera'

El estado de descontrol en el que estaba sumido el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Torrejón de Ardoz (Madrid) -el que desatendió repetidamente las peticiones de auxilio de Sylvina Bassani meses antes de ser asesinada por su marido el pasado 10 de abril- se debió a la asunción de las competencias de violencia sobre la mujer en 2005. Esos nuevos casos se sumaron a las causas civiles y penales que le correspondían hasta entonces y que no dejó de tramitar. Ésa es la conclusión a la que llegó el servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial tras una visita ordinaria al juzgado el pasado noviembre.

La inspección comprobó en esa visita cómo el juzgado número 5 era el que más carga de trabajo tenía de toda la ciudad (en la que, en total, hay siete órganos de este tipo). Los asuntos penales que llegaron en 2005 -año de entrada en vigor de la ley integral contra la violencia machista- se dispararon hasta duplicar ampliamente los que, según el sistema de cálculo del Consejo General del Poder Judicial corresponden a este tipo de juzgados. Una tendencia similar se registró al año siguiente (2006).

Órganos exclusivos

En sus conclusiones, los inspectores propusieron la creación de un nuevo juzgado (el número 8) y precisaron los problemas de "sobrecarga de trabajo" que conllevaba compatibilizar el conocimiento de asuntos de violencia con el resto de asuntos civiles y penales. Esa disfunción, según el informe, "debería encauzarse mediante la potenciación y creación de órganos judiciales exclusivos optando por la correspondencia de varios partidos judiciales a un mismo juzgado de violencia sobre la mujer" en el que trabajaran "jueces y funcionarios especializados en la materia y con las dotaciones y equipos adecuados".

El atasco era tal que la inspección llegó a proponer que se estudiara la posibilidad de que el juzgado quedara exento del resto de causas civiles y penales como había propuesto meses antes la titular del órgano, Gemma Susana Fernández. "Podría ser conveniente un estudio que valore la viabilidad de crear algún juzgado que asuma la materia de violencia sobre la mujer" en exclusiva para Torrejón o para varios municipios de esa zona de Madrid, proponía el informe.