El Parlamento abrirá curso con el debate sobre la desaceleración

El debate sobre la desaceleración económica y las medidas paliativas para combatirla será el tema principal con el que el Parlamento celebrará el primer pleno ordinario de la legislatura, en el que no habrá sesión de control al Gobierno.

Por este motivo, el orden del día del pleno no contó con el apoyo de los dos únicos grupos de la oposición, PP e Izquierda Unida. Ambos tenían previsto plantear preguntas al presidente de la Junta, Manuel Chaves, sobre el frenazo de la economía andaluza. "No hay precedente de que haya sesión de control ni en este Parlamento ni en el Congreso ni en ningún otro de España en el primer pleno ordinario. Es normal que se espere para que haya algo que controlar", dijo el portavoz socialista, Manuel Gracia. El argumento de la inexistencia de los precedentes no gustó a los portavoces de PP, Esperanza Oña, y de Izquierda Unida, Diego Valderas. La primera proposición no de ley del PP que se verá en el pleno será sobre la violencia de género, mientras que IU ha optado por un tema local de Huelva, provincia natal de su portavoz: la construcción de un oleoducto de petróleo que atravesará 15 municipios onubenses. Los socialistas se mostraron extrañados por los temas escogidos por la oposición y leyeron más en clave personal que política la elección de las proposiciones, dando por hecho que serán Oña y Valderas los que protagonizarán el debate. En el caso del PP creyeron que optarían por incluir en el Parlamento de Andalucía el debate sobre las políticas de agua, sobre la que ha centrado parte de su campaña electoral.

A la vista de que no, los socialistas registraron ayer la petición de un debate general, con propuestas de resolución, sobre el uso del agua.

En el pleno, está prevista la comparecencia del vicepresidente primero, Gaspar Zarrías, para explicar la nueva estructura del Gobierno andaluz.

El también consejero de la Presidencia anunció ayer que el Ejecutivo utilizará la fórmula del decreto ley, prevista en el Estatuto de Autonomía para casos de "extraordinaria y urgente necesidad", con el fin de agilizar la aprobación de normativas del nuevo Estatuto, informa Efe. Los decretos leyes deben ser convalidados por el Parlamento en el plazo de un mes.

Zarrías aseguró que el Gobierno andaluz no pretende "abusar" de esta prerrogativa, que empleará cuando las circunstancias lo "permitan y exijan", en referencia a la "premura" con que determinadas normas "tienen que ver la luz".

La agilización de las normas que afectan a los aspectos sociales del Estatuto es una prioridad para el Gobierno andaluz.