Benidorm ignoró 93 derribos de obras ilegales equivalentes a 11.000 metros

El Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el PP, ha ignorado 93 órdenes de demolición en el periodo comprendido entre 1994 y 2004, lo que ha permitido legalizar más de 100 viviendas, locales y cerramientos construidos sin licencia y fuera de ordenación.

El gobierno del PP prepara un plan para regularizar los retranqueos

Los expedientes se refieren a obras que, en total, ocupan más de 11.000 metros cuadrados, la mayoría cerramientos sin licencia en comercios, pero varios por casas construidas en zona no urbanizable. La Ley Urbanística Valenciana fija en cuatro años la vigencia de la orden de demolición, por lo que las firmadas a partir de 2004 todavía estarían vigentes. Transcurrido ese plazo, el Consistorio ya no puede actuar, lo que equivale a su legalización.

El concejal de Urbanismo, José Ramón González, justifica la situación en que en Benidorm "todos los gobiernos anteriores han actuado igual", y señala que el Consistorio "no entrega licencia de apertura" a establecimientos. Si el consistorio ejecutara las demoliciones "sería injusto para los perjudicados".

El PP recuerda que el problema es heredado e intrínseco al modelo de Benidorm, y ninguna corporación de las configuradas en democracia ha logrado dar solución. Al poco tiempo de acceder al poder este partido, en el año 1994, Francisco Saval, entonces concejal de Urbanismo y hoy responsable de Hacienda, anunció solemnemente que la "impunidad que ha existido sobre estos temas ha terminado". Abrió decenas de expedientes y ordenó 68 demoliciones, que nunca se llegaron a materializar. Los dirigentes del PP fueron modulando su discurso al comprobar que esta práctica es masiva en el municipio. De hecho, son varios los cargos del PP con infracciones urbanísticas, entre ellos, la familia de la primera teniente de alcalde y diputada regional, Ángela Barceló, que acumula seis expedientes con infracciones muy graves.Las demoliciones de obras ilegales que el Ayuntamiento de Benidorm no ha ejecutado dentro de los plazos afectan a chalés, apartamentos, plantas añadidas a viviendas, pérgolas, toldos metálicos, pubs, comercios, restaurantes, discotecas. Una sociedad construyó 15 apartamentos de 32,4 metros en el antiguo canódromo, en la partida Pla del Azagador, en suelo no urbanizable. La comisión de Urbanismo aprobó el 7 de febrero de 2003 la "demolición inmediata", y aún hoy continúan en pie. El 31 de marzo de 2000 el consistorio decretó la demolición de un almacén de 400 metros cuadrados que la sala de fiestas Benidorm Palace construyó en el parking que vulneraba las ordenanzas. Esta sala es utilizada hoy y ya nadie puede actuar.

Según reconocen fuentes municipales tan solo se ha ejecutado una orden de demolición desde 1994. Afectó a siete viviendas tipo dúplex que se construyeron en 1991 en un almacén de juegos recreativos de la urbanización de L'Almafrà, sin licencia y sin las condiciones básicas de habitabilidad. El expediente pululó por los despachos de urbanismo y la ejecución del derribo no se hizo efectiva hasta 2005, casi 15 años después, y por mandato judicial.

El concejal de Urbanismo, José Ramón González, ya dispone de un informe jurídico de viabilidad para regularizar los retranqueos, lo que a su juicio es el punto de partida para "solucionar esta anomalía de nuestro modelo urbanístico". El documento contempla las tres situaciones de las construcciones fuera de ordenación: las que ya han sido patrimonializadas porque han pasado cinco años desde la infracción, las que están vigentes y se puede actuar sobre ellas y las que se construirán en el futuro. En los últimos años y para evitar una mayor degradación de la situación urbanística, el Ayuntamiento de Benidorm solo otorga licencias provisionales de obra y de apertura a las construcciones con más de cuatro años condicionadas siempre -según los servicios jurídicos- a que en caso de que el Ayuntamiento lo solicite se demolerá, lo que nunca ha sucedido.