El Tribunal Superior investiga el retraso en el sumario del 'Prestige'

La sala de gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha abierto una investigación sobre la lentísima instrucción del abultado y complicado sumario sobre la catástrofe del Prestige, que acumula casi cinco años y medio y más de 15.000 folios.

Ante la queja formal de la Fiscalía, que considera que las últimas decisiones de la juez de Instrucción de Corcubión, Carmen Veiras Suárez, "abocan al fracaso la procelosa instrucción" de la mayor catástrofe ecológica en España, el órgano de gobierno de los jueces en Galicia decidió el pasado viernes estudiar si se produce una dilación injustificada como alega el ministerio público.

El Tribunal ha solicitado a la juez un informe sobre el estado del proceso

El Tribunal Superior solicitó a la juez un informe sobre el procedimiento que instruye para poder decidir acerca de la demanda de la Fiscalía, que reclama todos los "medios técnicos y humanos necesarios" para zanjar una investigación judicial abierta al día siguiente del accidente del petrolero frente a la Costa da Morte, el 13 de noviembre de 2002. Veiras Suárez tiene siete días para remitir al alto tribunal su informe y defenderse de las acusaciones de dilación lanzadas por la Fiscalía, que incluso reclama una intervención del Consejo General del Poder Judicial.

La reciente decisión de esta juez de admitir a trámite la querella de Nunca Máis contra la sociedad norteamericana ABS, que avaló la seguridad y navegabilidad del Prestige, fue la gota que colmó el vaso para el ministerio público. El fiscal no sólo advierte que el ordenamiento jurídico español impide imputar delitos penales a personas jurídicas, como lo es la sociedad clasificadora. En su recurso de apelación, la Fiscalía critica también y con dureza que la juez cite a declarar a un no identificado "representante legal" de ABS dentro de seis meses. "Cualquier mención a la dilación de la Justicia sobra leyendo la data de la cita", asegura el ministerio público en su queja.

Para la Fiscalía Superior de Galicia, esta decisión de la instructora del Prestige -la tercera titular del pequeño juzgado durante este último lustro- se une a la pronta caducidad de medidas cautelares dictadas sobre este sumario, por lo que puede dar al traste con el proceso judicial y dejar impune una catástrofe que contaminó miles de kilómetros de costa y costó al erario público, según la última tasación del Gobierno, más de 938 millones.