La Universitat deja de pagar a sus proveedores por falta de fondos

El agujero financiero de la Universitat de València, a la que la Generalitat adeuda 134 millones de euros sólo del ejercicio 2007, ha obligado a la institución a aplazar todos los pagos a sus proveedores. Las grandes facturas (aquellas que superan los 30.000 euros) serán liquidadas ocho meses después de ser recibidas, en vez de dentro del plazo de dos meses establecido hasta ahora. "Para paliar la situación de los proveedores" al ver retrasados los cobros, señala una comunicación interna de la universidad fechada el viernes pasado, la institución recurrirá a una figura financiera llamada confirming, por el que los bancos adelantarán el dinero a los proveedores a cambio de comisiones.

La medida de emergencia se aplica en un escenario de crisis financiera del sistema universitario público valenciano, al que la Generalitat debe, en conjunto, más de 400 millones de euros. Y en un contexto de negociación entre los cinco campus y el Gobierno valenciano para saldar esa deuda y fijar las bases del régimen de financiación del futuro.

La institución negó ayer que el retraso de los pagos sea una estrategia de presión. "La decisión responde claramente a un problema de falta de tesorería", afirmó el vicerrector Enrique Binyé.Hace un par de meses, un dirigente universitario advertía de que desde hacía mucho tiempo las universidades no exhibían su verdadera capacidad de presionar a la Administración autonómica. Si las negociaciones para solucionar el caos al que les ha llevado la ingente deuda de la Generalitat no fructificaban, proseguía, el primer paso consistiría en dejar de pagar a los proveedores. El segundo sería dejar de pagar las nóminas. El tercero, consecuencia del anterior, echar el cierre a las facultades, lo que supondría enviar a sus casas a 130.000 alumnos.

La Universitat de València insistió en desmarcar la decisión de aplazar los pagos a los proveedores del inicio de esa cuenta atrás. Binyé, vicerrector de Comunicación, la encuadró en lo que se lee en el encabezamiento de la nota interna remitida por la gerencia: "La Universitat en estos momentos está teniendo graves problemas de tesorería por no haber recibido de la Generalitat el importe pendiente de cobro de subvenciones de ejercicios anteriores, que asciende a 134 millones de euros".

En vez de a 60 días vista, las facturas inferiores o iguales a 30.000 euros pasaban a pagarse en un plazo de 120 días, y las superiores, dentro de los 240 días siguientes a la fecha de recepción. Los principales proveedores de la institución son las compañías eléctricas, las empresas de mantenimiento y limpieza, y las constructoras.

La Universitat aceptó, sin embargo, que su postura en las negociaciones que los campus públicos mantienen con las consejerías de Educación y de Economía para solucionar la enorme bola de nieve en la que se ha transformado la deuda es, probablemente, la que más alejada está respecto a la del Consell. La institución que dirige el rector Francisco Tomás, añadieron las mismas fuentes, es la que más gastos estructurales tiene debido al tamaño y a la antigüedad de la plantilla.

La Universitat ya ha asumido, como el resto, que lo que el Consell dejó de pagar en 2007 se incorporará a un gran paquete de deuda que los campus irán cobrando a lo largo de los próximos años. Lo que considera inaceptable es la pretensión del Gobierno valenciano de que a ese paquete se añada parte del dinero del presupuesto de 2008. Es decir, la Generalitat reconocería las obligaciones pero no llegaría a pagarlas.

"El problema no es la financiación", señala un miembro del equipo rectoral, "el problema es el pago de esa financiación". La oferta del Consell implicaría que la Universitat recibiría este año 50 millones de euros menos de lo que figura en sus presupuestos, y un compromiso de que esa cantidad se reintegraría en el futuro.

Puesto que la capacidad de endeudamiento de la Universitat ya roza el límite, aceptar esa propuesta significaría, "no ya hacer grandes obras, sino hacer una gran compra de ordenadores", afirma la misma fuente. "Podríamos pagar las nóminas, los gastos corrientes... y ni siquiera todos".