Uno de cada dos menores atendidos por las diputaciones es inmigrante

Vizcaya se ha convertido en los últimos años en una tierra de promisión para los menores extranjeros que recalan en España sin papeles y sin familia. Después de Andalucía y Canarias, este territorio es el lugar en el que mayor número de menores inmigrantes se encuentran acogidos en relación con su población. Y el fenómeno está creciendo de una manera imparable en el conjunto de Euskadi, siendo Vizcaya la provincia donde más se nota. Crece hasta el punto de que, en la actualidad, la mitad del total de menores atendidos por las tres diputaciones son extranjeros no acompañados. En los últimos años, llegan una media de 600 cada año.

Estos menores van a parar a los servicios sociales que las tres instituciones forales han habilitado para atenderles. Su presencia varía en función de diversos factores, como las posibilidades reales que tengan de cruzar la frontera, la normativa de extranjería, la situación de los servicios de acogida o las facilidades para obtener la documentación que permite su estancia legal en España en un tiempo que no les resulte excesivo.

Los educadores se "queman continuamente", avisa el Defensor

600 adolescentes han llegado de media cada uno de los últimos años

La puesta en marcha de más o menos recursos supone uno de los debates recurrentes entre las administraciones. La existencia de más alojamientos conduce al efecto llamada: cuantos más recursos, más abundante será la presencia de estos menores, que acuden al reclamo de mejores condiciones desde otras comunidades, como Cataluña. Por ejemplo, Navarra no cuenta con una red de este tipo, lo que se traduce en que los menores no recalen allí y acudan directamente a Euskadi. A lo largo del año pasado, los problemas surgidos con este colectivo se han multiplicado, hasta el punto de que el Ararteko alerta en su informe de actividad correspondiente a 2007, presentado recientemente en el Parlamento, del desbordamiento que están sufriendo los centros de acogida y de que algunos equipos educadores se "queman continuamente" dadas las condiciones en las que tienen que desarollar su trabajo. "Aparte del coste personal, eso dificulta la continuidad de la atención", advierte el Ararteko.

La situación más complicada se vive en Vizcaya, que recibe un goteo continuo de adolescentes. Esta afluencia ha terminado por colapsar su red asistencial. Su Departamento de Acción Social asegura que la atención a menores extranjeros no acompañados "sobrepasa ya el 50% de la atención general a todo tipo de menores en situación de acogimiento residencial". "Es evidente que ningún sistema está preparado para dar respuesta a un volumen así", añade.

A pesar de que se han incrementado año tras año los esfuerzos presupuestarios, de recursos y de personal en los centros, las posibilidades de respuesta resultan en "muchas ocasiones limitadas", apunta el departamento, que destaca que "no está social ni políticamente definido cuál es el límite aceptable de este crecimiento".

Al final, la Diputación vizcaína reitera la necesidad de materializar políticas "coordinadas y coherentes" entre las comunidades autónomas para no perpetuar el fenómeno de los menores inmigrantes. En este aspecto coincide con el Ararteko, que también demanda la aprobación de una norma que regule el funcionamiento de los centros de acogida de menores en general.

La gran mayoría de estos inmigrantes que aún no han cumplido los 18 años procede de Marruecos (hasta un 83% del total) y el resto, de otros países africanos y del Este europeo. Llegan por su pie, deambulan por las calles y, al final, suelen presentarse en comisaría. Inmediatamente pasan a la tutela de los servicios sociales de las diputaciones. Su permanencia en ellos resulta muy variable: puede ir desde un día hasta el año completo. Carecen de documentación, por lo que se les somete a diferentes pruebas para intentar determinar su edad. La mayoría tiene entre 15 y 17 años.

Las instituciones forales les ofrecen alojamiento, comida, ropa y apoyo educativo. Hasta aquí un panorama más o menos esperanzador, pero en su último informe ordinario, el Ararteko realiza un exhaustivo repaso a la situación de este colectivo y revela que las dificultades que les acucian son de gran relevancia dentro del propio sistema.

Los técnicos de la oficina del Defensor del Pueblo Vasco han visitado varios centros y se han entrevistado con los equipos de los servicios sociales de las diputaciones, con educadores y con todo el personal que trabaja en este campo. Consideran que los problemas que sufren se repiten año tras año.