España federal

En España el absolutismo y la dictadura han ido asociados al centralismo, la democracia y la libertad a la distribución territorial del poder. La primera República quería ser federal con Pi i Margall, en la segunda se aprobaron los Estatutos de Autonomía catalán, vasco y gallego, y el actual período democrático los ha generalizado. Quien conozca España desde el fondo de su historia sabe que, o es plural o no es España. Un auténtico patriota español no sólo reconocería ese hecho sino que amaría esa diversidad, como lo hace hoy el señor Herrero de Miñón y como lo ha hecho en el pasado Manuel Azaña, el Presidente de la República, que vio en ello una manifestación de un liberalismo ajustado a la realidad hispana.

El electorado es cada vez más movedizo, pero también demanda formulaciones más precisas

Sin embargo, la derecha ha hecho hegemónico en los últimos años un discurso que echa raíces en el imaginario que dejó abonado el franquismo y que moviliza las pulsiones de fondo del nacionalismo retrógrado español. La llamada a la recuperación de competencias por parte del Estado, la pretensión de modificación de la Ley electoral para evitar el peso del voto nacionalista, el ejercicio de un cierto lerrouxismo lingüístico -por no hablar de la batalla de Endesa o del control del BBVA por gentes del aznarato- han sido formas en las que se ha manifestado ese proyecto reaccionario de re-nacionalización de España.

De hecho, el ciclo político en el que estamos deriva de la segunda legislatura de Aznar, en la que el Partido Popular intentó ejecutar ese giro estratégico. Su derrota fue debida no sólo a la impopularidad de la Guerra de Irak sino también a que las sociedades catalana y vasca reaccionaron a esa tentativa -la gallega quedó inerte-. Si Zapatero ganó las elecciones fue también porque el electorado demandaba mesura frente a la tensión que Aznar había creado: un poco más de esa clase de españolismo y habría independentistas hasta en la sopa. Algunos han pretendido ver en el leonés a un aventurero inexperto, pero ha obrado con más sentido de Estado que sus críticos. Zapatero comprende, como en el pasado lo hizo Felipe González, que la mejor manera de marear la perdiz es negociando. Con él se han abierto camino nuevos Estatutos en España, pero no a causa de él.

¿ Y qué ha significado esto en Galicia? Ese ciclo ha coincidido con un momento en el que el PP ha perdido poder en la Xunta, los ayuntamientos y las diputaciones. Además, los conservadores han procedido a un recambio en el que Núñez Feijoo, de grado o por fuerza, se ha alineado con Génova 13, tanto en lo que se refiere al Estatuto como a la ruptura del consenso lingüístico o al patrocinio de los movimientos tipo Galicia bilingüe. Es una nueva generación de JASP, a lo que se ve más en la ortodoxia de la nueva derecha impulsada desde las grandes torres de comunicación madrileñas y el conservadurismo episcopal.

El gobierno ha pasado a manos socialistas y nacionalistas. A ellos les compete el poner a Galicia sobre el tapete y contribuir a que España avance en el camino del federalismo. No sólo se trata de que PSdeG y BNG se reclamen de esa tradición democrática y de izquierdas, o que ambos digan tener en el Castelao republicano una de sus referencias ineludibles. El resultado de las últimas elecciones reclama que colaboren en la gobernabilidad del Estado y contribuyan a definir sus prioridades. Tanto los socialistas gallegos como los nacionalistas han de tener una visión del Estado que se aparte de las generalidades y sea inteligible frente al discurso de la derecha.

En el conjunto de España se está abriendo camino un nuevo bloque de constitucionalidad en el que unos proponen cerrar el modelo y otros preferirían mantenerlo abierto sobre bases asimétricas. Antes de que hubiesen llegado al poder tanto el Partido dops Socialistas de Galicia como el Bloque Nacionalista Galego procedieron a elaborar textos pensados para la elaboración de un nuevo Estatuto: está en su responsabilidad no sólo proponer la reforma del Senado o el reconocimiento de la identidad nacional gallega sino también, si se procede a una revisión del texto constitucional, contribuir a establecer el modelo de Estado y el de financiación, las formas de colaboración con Portugal o las iniciativas de calado europeo.

Todo ello son temas centrales de nuestro futuro. En todos esos ejes sería bueno que hubiese consenso con el Partido Popular, que no en balde representa a una buena parte de los gallegos, pero eso no autoriza a socialistas y nacionalistas a perderse en el mar de las gallegas vaguedades o a condescender con la visión conservadora, muy legítima por lo demás. Es cierto que el electorado es cada vez más lábil y movedizo, pero también lo es que demanda formulaciones más netas y precisas. Socialistas y nacionalistas han de elaborar su proyecto para la Galicia y la España del siglo XXI. Los demás debatir si nos parecen bien, mal o regular. Es lo que se hace en las democracias, creo recordar.