Los socialistas ofrecen despolitizar el Poder Judicial y modernizar la justicia

Dos problemas mayores agitan el arranque de la novena legislatura: la mala situación económica y el deterioro de la administración de Justicia, que exigen soluciones urgentes. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero tomará medidas en el Consejo de Ministros del próximo viernes para activar la economía y animar el consumo. Para intervenir en la crisis de la Justicia, el Gobierno necesita obligatoriamente el apoyo y el voto del principal partido de la oposición.

Los socialistas proponen buscar independientes de reconocido prestigio

Por eso, José Antonio Alonso, juez, ex vocal del Poder Judicial, ex ministro del Interior y de Defensa y ahora portavoz parlamentario socialista, arrancará el próximo jueves la negociación con el PP, que plantea un pacto global sobre la modernización de la Justicia y renuncia a un acuerdo centrado exclusivamente en la renovación del Poder Judicial y del Constitucional. El Gobierno de los jueces lleva 16 meses en funciones por la negativa del PP a su renovación mientras el mal funcionamiento de la administración de Justicia ha desencadenado la alarma social a raíz del caso Mari Luz, donde graves fallos facilitaron que el supuesto asesino de la niña estuviera en libertad con una condena firme.

El Poder Judicial está paralizado y sin capacidad de maniobra desde hace muchos meses, lo que mantiene bloqueados los nombramientos para cubrir una decena de vacantes en el Tribunal Supremo y en varios tribunales superiores de justicia. Hay más de 400.000 sentencias penales pendientes de ejecutar. La inspección de los juzgados, que depende del gobierno de los jueces, ha demostrado sus deficiencias, reconocidas por los propios responsables del Poder Judicial. Los socialistas entienden que la mejora del sistema de inspección no puede hacerse con un Consejo en funciones, por lo que considera prioritaria su renovación para proceder después a las reformas que permitan modernizar la Justicia.

En la nueva etapa legislativa que comienza ahora se anuncian importantes proyectos de ley que deberían ser dictaminados, si todo sigue igual, por un Poder Judicial en funciones y cuya legitimidad está en cuestión.

El PSOE pretende convencer al PP de la necesidad de acometer una renovación cuya base principal debería ser la búsqueda de los 20 nuevos vocales del Gobierno de los jueces entre profesionales de reconocido prestigio en el mundo judicial e independencia política acreditada. Con esa base consideran que el acuerdo es posible.

El modelo actual, diseñado por el Gobierno de Aznar y apoyado por el PSOE, establece que las Cortes eligen a los 20 vocales, 12 de los cuales deben ser obligatoriamente jueces y figurar en una lista de 36 nombres que proponen ellos mismos. Con ese sistema, en el Consejo actual sólo dos de sus 12 miembros jueces de carrera (los otros ocho se eligen entre juristas de reconocido prestigio) no pertenecen a ninguna asociación. En el reparto, se tuvo en cuenta los diputados de cada grupo para distribuir así los consjeros: 10 a propuesta del PP (que tenía mayoría absoluta en el Congreso), siete a propuesta de PSOE, uno de IU, uno de CiU, y uno de consenso entre PP y PSOE. El presidente del organismo, elegido por los 20 vocales, también fue el propuesto por el PP. Desde entonces, los conservadores tienen mayoría en el organismo y pese a que el PSOE ganó las elecciones de 2004, mantienen esa hegemonía, pues el PP se negó a la renovación cuando tocaba, en noviembre de 2006. En los últimos tres años se han producido, además, tres bajas (por cambio de destino, jubilación y fallecimiento) que no han sido cubiertas.

Con los resultados del 9-M, el PP podría reclamar ahora nueve de los 20 vocales del Poder Judicial, un número clave porque permite bloquear cualquier nombramiento en el Supremo, el Constitucional o los presidentes de los tribunales superiores de Justicia, para los que se requiere una mayoría cualificada. En la pasada legislatura, el PP reclamó también nueve vocales durante la negociación frustrada por la renovación, pero entonces tenía menos votos y escaños en el Congreso.