Los ex ediles del GIL pasarán tres años en prisión si cuaja el pacto con el fiscal

Aún no había amanecido cuando el Range Rover negro de 396 caballos propiedad de Isabel Pantoja franqueaba el portón de salida de la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga). Al volante, el hombre de confianza de la cantante, conocido por su apodo, Fosky, se desesperaba por avanzar ante una melée de periodistas y empleados de la prensa rosa congregados allí, algunos desde varios días antes. En el asiento trasero, Julián Muñoz, de riguroso fijador, traje oscuro y con gafas de sol a pesar de la noche, intentaba, aunque sin demasiado empeño, ocultar su rostro.

Eran las 7.20, y el ex alcalde de Marbella, con diez condenas, tres de ellas firmes, por prevaricación urbanística a sus espaldas, salía de la cárcel malagueña para disfrutar de su primer permiso penitenciario desde que fue detenido en julio de 2006 en la Operación Malaya. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Jaén, provincia a la que fue trasladado en octubre de 2006 después de que un preso de Alhaurín vendiera imágenes suyas a los medios, le concedió una salida de tres días. Hasta el próximo martes, Muñoz deberá comparecer diariamente en una comisaría. Sin embargo, esta medida preventiva palidece ante el marcaje rosa. Las cámaras del corazón estuvieron ayer pendientes de cuanto movimiento hacía su penúltimo juguete, hasta el punto de establecer turnos de guardia ante el chalé de Pantoja en Puerto Banús. Cuando Muñoz llegó a Mi Gitana, sobre las 8,20, siete coches seguían al Range Rover conducido por Fosky.

En la puerta de la residencia, Muñoz bajó la ventanilla del todoterreno y realizó sus únicas declaraciones, analizadas como verbo divino durante todo el día por los cronistas rosa en televisión: "Muchas gracias. Estoy muy cansado", dijo. También hizo algún comentario sobre su situación sentimental antes de subir de nuevo el cristal tintado. A mediodía, Muñoz también fue seguido por las cámaras hasta la casa de sus hijas. De camino, se paró a firmar en el cuartel de la Guardia Civil.

Con la salida de Muñoz, sólo queda en prisión el máximo protagonista de la corrupción en Marbella, el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, pendiente de pagar un millón de euros de fianza para salir en libertad provisional. Su familia lleva 16 días tratando en vano de reunir la cantidad exigida por el juez Óscar Pérez.

La situación penitenciaria de Julián Muñoz podría empezar a aclararse si prospera el pacto entre la Fiscalía de Málaga y los abogados de los ediles marbellíes del Grupo Independiente Liberal (GIL) que durante años permitieron decenas de ilegalidades urbanísticas en la ciudad. Este pacto, por el que la Fiscalía busca agilizar unas 70 causas por prevaricación urbanística por conceder licencias ilegales, consiste en que los acusados aceptan condenas de cárcel en cada una de las causas. Como quiera que en los delitos conexos la ley establece que sólo se cumplirá el triple de la pena máxima impuesta y que la pena mayor por prevaricación urbanística es de dos años, los condenados sólo cumplirían seis años en cualquier caso.

Para agilizar estas causas, la Fiscalía y las defensas han pactado tres niveles de condenas, de seis, nueve y doce meses de cárcel, en función de la corporación a la que pertenecieron los ediles, lo que supone que en el peor de los casos pasarían tres años en prisión. El conjunto de penas mayores se reservaría a los ediles elegidos en 1995 y que pusieron en marcha el Plan General de Ordenación Urbana de 1998, que nunca llegó a aprobarse, pero sobre el que se hicieron numerosas tropelías urbanísticas. El pacto, que debe recibir el visto bueno de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del fiscal general del Estado, pasa por que todos los concejales condenados entren, aunque sea por un periodo corto, en prisión.