La Fiscalía ofrece un pacto a los ex ediles marbellíes imputados por corrupción

La Fiscalía ha llegado a un acuerdo de conformidad con los ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) imputados en algún procedimiento urbanístico para no celebrar los juicios con la condición de que admitan su culpabilidad y acepten su ingreso en prisión. El acuerdo estipula que aquellos ex alcaldes imputados, como Marisol Yagüe y Julián Muñoz, podrán evitar una pena tres veces mayor si aceptan ingresar a prisión de seis meses a un año por cada delito que se les impute y ser inhabilitados por otros diez.

Fuentes de la Fiscalía han explicado que en dicho acuerdo de conformidad "cada procedimiento tendrá su sentencia y que no será posible sustituir o suspender la prisión por multa", además de que cada ex edil tendrá que personalizar su caso porque cada uno tiene una situación concreta. El pacto sólo está sujeto a los procedimientos urbanísticos por conceder licencias contrarias al planeamiento vigente en Marbella, pero quedan excluidos los convenios urbanísticos y otras irregularidades como cohecho, malversación y cobros ilegales, entre otros.

Las fuentes han explicado que cada acusado tendrá una pena por cada uno de los delitos y dichas condenas oscilarán de seis meses a un año de prisión y diez años de inhabilitación, aunque con ello evitarán pasar por el banquillo. Para llegar a dicha conformidad se ha tenido en cuenta por parte de la Fiscalía que la ley impone como máximo el triple de la pena máxima impuesta por cada delito que tenga o pueda tener conexidad.

En este sentido, las fuentes han subrayado que aunque la Administración de Justicia celebre setenta juicios y los ex ediles del GIL sean condenados a setenta años no pueden cumplir más del triple de la pena máxima. De no aceptar el pacto, los acusados tendrían que enfrentarse a un juicio que contempla desde una pena de multa de 12 a 24 meses o prisión de seis meses a dos años e inhabilitación de cargo público de siete a diez años por cada delito que se les acuse.

La Fiscalía se ha mostrado satisfecha con el acuerdo porque en el marco de este pacto, los acusados siempre serán condenados. La Administración de Justicia también ha señalado que con la medida consigue ahorrar en recursos materiales y humanos, al no tener que celebrar cada uno de los más de setenta juicios pendientes.

Tanto Marisol Yagüe como Julián Muñoz -el regidor con más causas judiciales abiertas en España- podrán acoger el pacto, aunque éste deberá ser estudiado por el acusado y su defensa, dado que si aceptan el mismo admitirán su culpabilidad en la concesión de presuntas licencias urbanísticas contrarias al planeamiento vigente en Marbella.