El PP evita explicar sus licencias para construir en Finca do Conde de Vigo
La reposición de la legalidad urbanística costaría ahora 300 millones de euros
El PP evitó explicar ayer su concesión de licencias para construir en Finca do Conde el centro comercial Gran Vía, el mayor de Galicia, después de las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anulaban el plan parcial de dicho ámbito y pese a tres informes técnicos que proponían denegar nuevas licencias y revisar las ya concedidas. José Manuel Figueroa, el ex concejal de Urbanismo que las concedió, se limitó a señalar que tan legal era otorgarlas como no hacerlo. Reponer ahora la legalidad urbanística en ese ámbito costaría al Ayuntamiento de Vigo unos 300 millones de euros, cantidad que previsiblemente se ahorrará legalizando aquellas actuaciones en el nuevo plan general de urbanismo.
El debate de las actuaciones de cada uno de los tres grupos municipales en el plan de Finca do Conde hegemonizó la sesión de la Xerencia de Urbanismo celebrada ayer al hilo de un informe sobre los antecedentes y la situación jurídica actual del citado plan, permanentemente sometido a la intervención de los tribunales de justicia.
El plan parcial de Finca do Conde fue aprobado por el gobierno de Manuel Pérez (PP), del que formaron parte Corina Porro y Figueroa, en 1999, en su última fase por decreto, desoyendo una petición del director general de Urbanismo de la Xunta en sentido contrario y ocupando la alcaldía en funciones, cuando el PP ya la había perdido en las elecciones de aquel año. La siguiente corporación, presidida por el nacionalista Lois Pérez Castrillo, anuló el plan parcial, pero este acuerdo fue desautorizado por el Consello Consultivo de Galicia aduciendo que el asunto estaba sub iudice por los recursos interpuestos ante el TSXG por particulares y la propia Xunta de Galicia.
En esa tesitura, Pérez Castrillo concedió la licencia de obras para construir en Finca do Conde dos torres de 15 plantas y 228 viviendas en marzo de 2003, exactamente una semana antes de que el TSXG sentenciara la ilegalidad del plan parcial, lo que marca el primer punto de inflexión en el proceso. Son estas sentencias, más los informes técnicos generados a su luz, las que determinan al siguiente regidor, el socialista Ventura Pérez Mariño, a plantear la suspensión de licencias en Finca do Conde y a revisar las ya concedidas. La iniciativa naufraga con los votos en contra del PP y la abstención del BNG.
Figueroa, ya con Corina Porro en la alcaldía, concedió en marzo de 2004 la licencia de obras y actividades para construir el centro comercial Gran Vía, luego la de obras para otros dos edificios de 60 viviendas y, sucesivamente, otras de primera ocupación y puesta en funcionamiento del centro comercial. Las de primera ocupación de las dos torres con 228 viviendas las concedió Figueroa en noviembre y diciembre de 2006, la segunda, curiosamente, al día siguiente de que el Tribunal Supremo (TS) anulara, ya con sentencia firme, el plan parcial. Todas ellas se tramitaron con el argumento primordial de que las sentencias del TSXG, al estar recurridas en casación ante el TS por la promotora Finca do Conde, SA, no eran firmes
A estas alturas, entre la cascada de fallos judiciales generada por el asunto, además de las tres sentencias firmes del TS que anulan el plan parcial, hay otras cinco derivadas de ellas y que también anulan las licencias subsiguientes, aunque, como sucedió con las primeras, no serán firmes hasta que las confirme el TS, ante el que de nuevo han recurrido los promotores.
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