Los pactos facilitan pactos

Los pactos facilitan pactos. Eso lo saben todos los políticos democráticos del mundo. Cuando se negocia y se respetan acuerdos, por pequeños que sean, la confianza mejora y los interlocutores parecen habituarse a seguir acordando. Por eso es importante que la nueva legislatura se haya abierto esta semana con un cambio formal de clima.

Lo razonable ahora es que ese clima se concrete en algo que no admite la menor demora: la renovación de los cargos del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, que deberían haber cesado hace meses. Una renovación que no ofenda a la inteligencia de los ciudadanos basándose, una vez más, en lealtades partidistas, sino en la capacidad, el mérito y el criterio. En el caso del CGPJ está claro que el deterioro de la Administración de justicia no se resuelve con dóciles incompetentes sino con especialistas, gente que sepa lo que hay que hacer para modernizar y agilizar todo ese obsoleto sistema y que esté dispuesta a trabajar mucho, a negociar entre sí, con el funcionariado administrativo y con el Ministerio de Justicia, y que se comprometa a ofrecer resultados visibles sobre las oficinas judiciales, en un periodo de tiempo determinado. Eso es lo que necesita la familia de Mari Luz y lo que necesitan los ciudadanos, que no han olvidado todavía lo que ocurrió hace muy pocas semanas en un juzgado y en la Audiencia de Sevilla.

El presidente del Gobierno se ha comprometido a salir de la crisis con recetas socialdemócratas

El reciente debate de investidura no permite predecir, sin embargo, si además de ese pacto, que es inexcusable, podemos pensar también en otros posteriores, más sustantivos. Si la renovación de cargos se hace rápida y limpiamente, es posible que se abra una senda que sea posible transitar. De momento, no parece fácil.

El hecho de que la situación económica se haya convertido en el primer problema que deba afrontar el Gobierno puede, paradójicamente, facilitar las cosas. El discurso de José Luis Rodríguez Zapatero fue uno de los mejores que ha pronunciado hasta ahora en la Cámara, más maduro que nunca, y estuvo impregnado por un claro color socialdemócrata. El presidente del Gobierno se comprometió varias veces a hacer frente a la crisis con instrumentos que, en ningún caso, perjudiquen a los más débiles de la sociedad. Ya no se trata de ampliar derechos o de abrir inciertos caminos. Ahora, el presidente del Gobierno tiene una tarea clara, directa y evidente: hacer frente a una dura crisis económica sin recortar el Estado de bienestar (que en España es inferior al de la media europea) y sin dañar a los sectores de la sociedad que están más desprotegidos. Sea la crisis un periodo transitorio, dos años, que luego dé paso a una nueva etapa de crecimiento, como predijo Rodríguez Zapatero, sea un proceso más largo, como asegura la oposición, el presidente del Gobierno ha adquirido ante el Congreso un compromiso muy fuerte, que su nuevo Gabinete estará obligado a respetar.

Ése es un buen campo para que PSOE y PP muestren sus diferencias, discutan, peleen y hagan propuestas distintas y contradictorias. El PP tendrá, sin duda, sus propios mecanismos y sus propias ofertas. Si los dos modelos políticos combaten en el campo de la economía, quizás quede espacio para encontrar acuerdos en otras áreas de Estado que hasta ahora estaban completamente contaminadas por el pulso electoral: política exterior, política antiterrorista, financiación autonómica y gestión de los recursos hídricos, especialmente.

No será fácil. El presidente del Gobierno habló en su investidura de pactos de Estado, pero ofreciendo una especie de pactismo diluido, abierto a todos los grupos políticos, a todos los Gobiernos autónomos y a todas las ideas, muy complicado precisamente por su falta de definición o de puerto de arranque. El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, fue bastante agudo a la hora de detectar ese problema: "Usted dice que está abierto a todos los pactos, pero no hay forma de saber algo sobre el contenido que quiere dar a esos pactos. Es usted quien ha ganado las elecciones, también en el País Vasco. Tome la iniciativa. Haga propuestas", le retó. Rajoy también le pidió algo parecido, evidentemente con un ánimo contrario: "Explique qué camino quiere hacer".

El líder de la oposición dejó planteada una exigencia que ya provocó enormes enfrentamientos en la legislatura pasada: los pactos de Estado pasan inexorablemente por un acuerdo entre los dos grandes partidos que son la alternativa de Gobierno. Es decir, el PP debe tener un trato prioritario en todos los asuntos que afecten a contenidos básicos de la Constitución. Rodríguez Zapatero nunca ha reconocido esa prioridad. Para él, no basta el acuerdo entre el PSOE y el PP. Debe acompañarse, incluso darse prioridad, al pacto entre el Estado central y los Gobiernos autónomos, dos cosas que a veces resultan incompatibles.

El presidente tiene suerte. Inicia la legislatura con un buen balón de oxigeno: el principal partido de la oposición, y muchos de los partidos nacionalistas, estarán absorbidos durante varios meses en batallas internas. Mientras, él estará dedicado, simplemente, a gobernar. solg@elpais.es