El Pleno debate a trozos el Estatuto catalán

La sentencia acordada ayer sobre la Ley Orgánica del tribunal no ha superado el clima de recelos y suspicacias entre los magistrados que ha generado el recurso del PP que pretendía neutralizar una reforma destinada a preservar la presidencia de María Emilia Casas y evitar el asalto a la presidencia por parte del sector conservador.

Ese asalto comenzó a partir del momento en que los magistrados García-Calvo y Rodríguez-Zapata pretendieron adelantarse a los acontecimientos y exigir la dimisión de la presidenta en una incendiaria carta en la que cargaron contra la reforma expresando su más "profunda discrepancia". Esa actuación sólo sirvió para que el resto de sus compañeros empezasen a marcar distancias con los dos magistrados, se negasen a secundar su propósito para no contaminarse y a la postre aceptasen la recusación del Gobierno contra ambos, que ha desequilibrado el Pleno a favor de los progresistas.

Por el camino, seis de los magistrados, dos de ellos del sector conservador, reaccionaron contra un burdo montaje del PP para recusar a tres jueces del sector progresista, sobre la base de una noticia falsa publicada por El Mundo. Las recusaciones del PP fueron rechazadas de plano y el partido acusado de "fraude de ley" y "abuso de Derecho".

El tribunal ha vivido en los últimos ocho meses el periodo más convulso de su historia, pero el enfrentamiento no acaba aquí. La presidenta María Emilia Casas seguirá en su puesto, ya sin tacha de inconstitucionalidad, y dispondrá del voto de calidad en caso de empate. Despejada la reforma en lo que afectaba a la composición del tribunal, también ha quedado expedita la vía para la renovación de los cuatro magistrados nombrados por el Senado, entre los que se encuentra la presidenta Casas.

Pero ahora el Tribunal entra de lleno en el espinoso asunto del Estatuto catalán que, de hecho, ya está deliberando "a trozos", por bloques de asuntos. La deliberación discurre lentamente y el sistema provoca con frecuencia contradicciones con la jurisprudencia y la necesidad de recapacitar y dar marcha atrás. Están casi en los prolegómenos, pero el problema latente es la recusación del magistrado Pérez Tremps, que deja un pleno compuesto por seis conservadores frente a cinco progresistas y en el que de nada vale el voto de calidad de la presidenta.