La Ley de Vivienda entra en vigor sin normas contra el 'mobbing'
La Generalitat debería haber presentado en marzo cuatro reglamentos
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La Ley del Derecho a la Vivienda, discutida durante más de dos años de intensa polémica, entrará en vigor el miércoles, tres meses después de su aprobación en el Parlament. Sin embargo, las nuevas normativas (reglamentos y decretos) que permitirán aplicarla en cuestiones clave todavía no están ni siquiera en el trámite de información pública, cuando deberían estarlo de acuerdo con la propia ley. Ésta fija el calendario en las disposiciones adicionales.
Uno de los textos que tendría que haber entrado a información el pasado mes de marzo es el Decreto de Condiciones de Habitabilidad, determinante tanto para la construcción de nuevas viviendas -fija cómo deben ser- como en la lucha contra lo que la ley denomina "usos anómalos" de la vivienda de segunda mano, como la sobreocupación, las infraviviendas o el mobbing. Tampoco está lista la normativa de los registros de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) y constructores, ni la del Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida. De esta lista, la ley señala que su primera función es dar información a la Administración sobre las necesidades de vivienda social.
La Generalitat responde al retraso afirmando que estarán terminados este mes. "Es cierto que algunos artículos no se podrán aplicar, pero sí todos los que no dependen de ellos", señala la secretaria de Vivienda, Carme Trilla. En las áreas técnicas del departamento se ha trabajado intensamente, pero ni la maquinaria administrativa es ágil, ni es fácil cerrar textos que implican a muchos actores. El decreto de habitabilidad, por ejemplo, afecta a la Administración, a los arquitectos, aparejadores y constructores.
Las afectaciones de estas nuevas normas no son menores y en algunos casos la paciencia se agota. Fuentes de la Asociación de Promotores explican que todavía están pendientes de ver el Decreto de Habitabilidad para "presentar enmiendas". El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Joan Ollé, repite el tópico de "las cosas de palacio van despacio" y alude a la "lentitud de trámites que pasan por varios departamentos". "Llevamos tantos años esperando el registro que ya no viene de aquí", concluye. Parecida actitud tiene el presidente del Gremio de Constructores, Néstor Turró: "Hace 20 años ya se hablaba del registro de empresas constructoras, no viene un mes. Pero esperemos que esté listo este semestre".
Preocupado por los aspectos sociales de la nueva ley, el vocal de Vivienda de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, Manel Andreu, señala que en los reglamentos "está la letra pequeña, las herramientas que permiten aplicar las leyes, sin ellas es como si no las hubiera".
El concertado catalán, en vilo
No cuelga de la Ley de Vivienda, sino del Pacto Nacional por la Vivienda, pero también tiene en vilo a los promotores, públicos y privados. El decreto sobre el precio concertado catalán, una modalidad de vivienda entre los precios libres y los de vivienda protegida, es el que acumula más retraso. Tenía que aprobarse en febrero y los promotores esperan poder vender a este precio parte de la bolsa de viviendas que acumulan sin salida.
Las primeras y más peliagudas negociaciones se centraron en fijar el precio por metro cuadrado y zona geográfica de esta modalidad. Lógicamente, los promotores buscaban fijarlo tan alto como fuera posible y la Administración justo al revés. Unos y otros afirman haber llegado a un acuerdo. El siguiente escollo es financiero: es decir, las ayudas a las que podrán acceder las familias que compren un piso de este precio. El acuerdo pende ahora de conversaciones entre la Generalitat y las entidades financieras.
El único decreto que ha pasado todos los trámites es el aval-alquiler. Pero tampoco se puede aplicar porque pende de un concurso para elegir la aseguradora de los avales.
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